Judicial
Begoña Gómez se querella contra el juez Juan Carlos Peinado por prevaricación y revelación de secretos
La defensa de la mujer de Sánchez considera que «se la ha perjudicado gravemente» durante la instrucción
El presidente español, Pedro Sánchez, acompañado de su esposa, Begoña Gómez, en un mitin en Benalmàdena (Málaga).
La defensa de Begoña Gómez ha presentado una querella contra el juez Juan Carlos Peinado por los delitos de prevaricación y revelación de actuaciones secretas en la instrucción del caso que investiga un supuesto delito de corrupción y tráfico de influencias en torno a la mujer de Pedro Sánchez.
Se ha producido una filtración constante de los documentos y actuaciones del proceso judicial que, si no secretas son reservadas (...) en grave perjuicio del derecho de defensa e indefensión de la nuestra representada», apunta la querella, consultada por ACN.
Según los abogados de Gómez, su querella muestra todos los indicios que apuntan que se podría haber cometido, por el magistrado del Juzgado número 41 de Madrid, un delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas. Estas actuaciones se revelaron a Vox, al Movimiento de Regeneración Política de España y a Manos Limpias y después acabaron publicadas por la prensa, agregan.
Desde la defensa de la mujer de Sánchez agregan que a lo largo del proceso, el juez Peinado ha adoptado decisiones judiciales «arbitrarias y manifiestamente injustas» mediante la emisión de resoluciones judiciales o la adopción de decisiones comunicadas de manera verbal.
«El magistrado ha efectuado una aplicación del derecho incomprensible, ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, sin ninguna motivación y contradictorias y, todo eso, sin pie de recurso ante estas en considerables ocasiones», lamentan.
El martes pasado, justo después de la citación a Pedro Sánchez delante de Peinado en el Palau de la Moncloa, la Abogacía General del Estado presentó también una querella por prevaricación contra el magistrado en defensa de la «dignidad de la institución» de la presidencia del gobierno español. En aquella ocasión, el presidente se acogió al derecho a no declarar sobre una persona con quién mantiene relación directa, en este caso su esposa.
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