Educadores sociales valencianos denuncian un aumento de las identificaciones policiales por «motivos raciales» desde la DANA

Alejandro y Steven son dos jóvenes colombianos que viven en el barrio Parc Alcosa (Alfafar) desde hace tres meses. Han vivido en piel propia el aumento de las identificaciones policiales por motivos raciales desde la dana. En una entrevista a la ACN, explican que les pidieron la documentación y los acusaron de robar.

«Nos retuvieron más de una hora y después nos llevaron a comisaría en Valencia», detalla Ríos. Este es uno de los casos denunciados por educadores sociales que aseguran que se han incrementado las identificaciones de personas racializadas en el Horta Sur. El colectivo también alerta de que la gente en situación irregular tiene miedo de ser deportada y lamentan que su vulnerabilidad crece porque no se les permite acceder a las ayudas. 

Alejandro y el Steven, de 17 y 20 años, denuncian que los agentes de la Policía Nacional los pararon indiscriminadamente para pedirles la documentación. «Nos acusaron que robábamos porque el Steven llevaba una caja de herramientas del trabajo y decían que habíamos roto los cristales de los coches», relatan.

Consideran que los identificaron por motivos raciales. «Pidieron refuerzos y llegaron entre seis y siete vehículos policiales», añade. Después de tenerlas una hora y media retenidos en la calle se los llevaron hacia la comisaría de Zapadores donde el menor estuvo hasta las cuatro de la madrugada y su hermano hasta al mediodía siguiente.

Señalan que han notado mucha más presencial policial en las calles del municipio a raíz de la catástrofe y explican que los policías actúan de forma «más brusca». «Antes de la dana podías salir sin que importara la hora, sin que la policía te dijera nada. Ahora, simplemente buscan limpiar su imagen porque no están haciendo nada», opinan los jóvenes.

Johnny Valles, un educador social que forma parte del colectivo Jóvenes Parc Alcosa, asevera que se ha incrementado la presencia policial en el barrio en el último mes y denuncia que los agentes hacen identificaciones por «perfil racial» tanto a jóvenes que acuden al centro como a personas voluntarias que trabajan durante toda la jornada, acusándolos de haber cometido delitos. «Cogen jóvenes por su perfil racial, el cual no corresponde a la sociedad más normativa, personas blancas, para pedirles la documentación», dice.

«Muchos se encuentran en situación administrativa irregular, eso no es un delito, simplemente es una falta», observación. El educador social afirma que los policías no les saben responder el motivo de la identificación y de la detención: «Cuando se intentan justificar nos dicen que es por prevención o precaución y cuando los preguntamos que quieren prevenir no nos saben decir el qué».

Además, el educador social también indica que las personas migradas, sin papeles, tienen miedo de que las deporten y, por esta razón, algunas de ellos han decidido no salir a la calle cuando se hace oscuro. «La situación para estas personas es muy grave», opina. Ante este hecho, desde varias entidades y colectivos se han organizado para ayudar a todas estas personas. «Son personas afectadas por la dana, que han perdido casas, negocios y a pesar de eso no pueden estar tranquilas en la calle», insiste.

Sin papeles no hay ayudas

En paralelo, desde el colectivo señalan que se acentúa la vulnerabilidad de estas personas, ya que como no disponen de documentación no pueden pedir ninguna ayuda autonómica ni estatal. «Muchas mujeres que trabajan en tareas del hogar se han quedado sin trabajo y sin vivienda, porque muchas de ellas vivían de internas», explica Valles.

Es el caso de la Isidora, que se encuentra en el proceso de tramitar los papeles. Hace tres años que llegó de Bolivia. Vivía en la casa de la mujer mayor que cuidaba, pero la dana ha destruido la vivienda y, ahora, la anciana vive con su hija. Aunque sigue trabajando, por unos 800 euros mensuales, Isidora ya no tiene espacio para dormir. «No tener ayudas porque no las puedo pedir», lamenta.

Cajas de resistencia

Los miembros del colectivo Jóvenes Parc Alcosa han organizado cajas de resistencia para ayudar a regularizar la situación de las personas que no tienen NIE o que lo tienen caducado. Asimismo, reclaman que haya unidades móviles para renovar la documentación, tal como se hace con el DNI con el fin de facilitar la tramitación. «Nos hemos tenido que trasladar a Valencia acompañador a personas que no podían pedir cita, justamente cuándo ir a la capital caminante supone una hora y media o dos horas», añade Valles.

Con todo, el educador subraya la parte positiva de toda la tragedia que es la solidaridad surgida entre los vecinos del Parc de Alcosa, un barrio obrero de unos 8.000 habitantes. «Cuando no tengamos que usar las estanterías del supermercado – que han abierto para dar alimentos y productos- las daremos en las fruterías para que puedan reabrir los negocios», dice. «Al final es colectivizar un poco todas las ayudas y sinergias construidas a lo largo de este primer mes», expresa.