Piden «solidaridad» para acoger refugiados de Grecia y Turquía en plena crisis del coronavirus

La secretaria general del Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados, Catherine Woollard, lo ve de entrada una «violación de la ley internacional y europea» porque «claramente no se respeta el derecho de asilo». Amnistía Internacional cree que es una «vulneración descarada y temeraria».

«Estas personas tienen que tener acceso al procedimiento», afirma Woollard. Además, defiende que la gente «tiene derecho a atravesar la frontera para buscar asilo».

Reacción de la CE

La Comisión Europea evitó la semana pasada pronunciarse sobre esta decisión de Atenas y aseguró que lo estaba estudiando. Por el contrario, ACNUR rápidamente hizo un comunicado donde denunciaba que esta suspensión no tiene «ninguna base legal» ni a la normativa internacional ni a la europea.

Patterson evita pronunciarse sobre la respuesta inmediata de Bruselas a la suspensión, pero celebra las palabras de estos últimos días del ejecutivo europeo que recuerdan en Grecia la necesidad de respetar el derecho de asilo.

«Los controles fronterizos, los derechos fundamentales y de asilo son compatibles», defiende.

Por su parte, ECRE lamenta que la CE haya tardado dos semanas en recordar en Atenas cuáles son «sus obligaciones internacionales y europeas de asilo». Woollard cree que la CE podría abrir un procedimiento de infracción por vulneración del derecho europeo contra Grecia por este hecho o «al menos» amenazar con utilizarlo para que revierta la suspensión.

También apunta que Bruselas tiene como opción suspender transferencias a Grecia o utilizar «instrumentos humanitarios para garantizar el acceso al asilo». Pero también acciones que no sean de castigo como impulsar las reubicaciones de refugiados para animar en Atenas a poner fin a estas «medidas ilegales».

«La UE tiene que ser más contundente en su respuesta ante esta acción aparentemente ilegal de Grecia», alerta a Woollard.

Amnistía Internacional reclama en la CE que defienda el derecho al asilo y celebra que la «retórica» al menos haya cambiado esta semana. «Esperamos que no sea demasiado tarde», afirma.

Reubicaciones

Los estados de la UE han prestado efectivos policiales en las fronteras de Grecia y la UE ha enviado más ayuda humanitaria, pero de momento no ha habido ninguna promesa de reubicar a sus demandantes de asilo.

Sólo siete países de la UE – Francia, Alemania, Finlandia, Luxemburgo, Portugal, Croacia e Irlanda – han aceptado acoger a 1.600 niños refugiados no acompañados de los 5.500 que hay en las islas desde hace años. Una solución ad hoc que, por ejemplo, estados como los Países Bajos o Hungría no están dispuestos a contribuir.

«Estamos dispuestos a dar todo el apoyo a Grecia, pero no a acoger niños», aseguró el viernes a la ministra holandesa para la Migración, Ankie Broekers-Knol.

Woollard lo ve como un «buen primer paso», pero confía en que haya más reubicaciones entre países de la UE.

Desde de ACNUR aseguran que la situación «es gestionable» y que los estados de la UE también pueden acoger personas aparte de proteger sus fronteras.

Nuevas conversaciones con Erdogan

Además de enviar guardias fronterizos a Grecia, Bruselas ha reactivado conversaciones con Turquía que hasta hace dos semanas impedía las llegadas a la UE por el acuerdo migratorio del 2016. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, reclama apoyo a Siria y para gestionar los casi 4 millones de refugiados, mientras que los europeos quieren mantener vivo el pacto.

Woollard denuncia que el acuerdo del 2016 es «ilegal» y que Turquía no es un lugar «seguro» para los refugiados. «Ni ahora ni antes», continúa.

«La situación en las islas es consecuencia del acuerdo entre la UE y Turquía», dice Woollard que recuerda el compromiso en este pacto de retornar automáticamente a las personas que lleguen a las islas en territorio turco.

ECRE alerta de que la intención real de Turquía es conseguir apoyo europeo para financiar a las conocidas «zonas seguras» en Siria para reubicar refugiados sirios. Unas áreas en el nordeste de Siria de mayoría kurda que Turquía está intentando controlar después de su invasión.

«Esperamos que Europa no esté dispuesta a ofrecer ningún tipo de concesión en estas áreas», dice.

«El Acuerdo entre la UE y Turquía es una herramienta política insostenible en términos de gestión de fronteras», denuncia Geddie que también lamenta los retornos automáticos «ilegales» desde las islas.

Sin embargo, tanto Amnistía Internacional como ECRE defienden que Europa también tiene que mostrar «solidaridad» con Turquía en estas negociaciones siempre que no haga concesiones «problemáticas» a Erdogan.

ACNUR no se posiciona sobre el acuerdo UE-Turquía, pero sí que reclama una «aumento de las reubicaciones» desde Turquía en la UE.

«También tenemos que ver solidaridad dentro de la UE», afirma Patterson, recordando las necesidades humanitarias en Siria.

Siria entró este domingo en su décimo año de guerra civil. Un conflicto que ha causado casi 400.000 muertes, 6 millones de desplazados internos y más de 5 millones de refugiados. Más de 11 millones de personas por todo el país necesitan ayuda, según las Naciones Unidas.

Turquía con más de 3,5 millones de demandantes de asilo, el Líbano con unos 900.000 y Jordania con más de 650.000 son los países que más personas de Siria están acogiendo, según la ONU.

La UE ha registrado en torno a un millón de solicitudes de asilo de sirios en los últimos años.

Política de asilo de la UE

Las ONGs de derechos humanos recuerdan que el telón de fondo de esta situación es el sistema europeo de asilo. Este establece que los países de entrada son los que tienen que procesar las solicitudes de protección internacional y, por lo tanto, los estados fronterizos asumen una «carga» mayor de acogida.

ECRE reitera que el conocido como sistema de Dublín es «injusto», pero reconoce que su reforma «tardará tiempo». Por eso, Woollard asegura que los estados miembros tienen mientras tanto otras vías para mejorar la situación como impulsar más reubicaciones y hacer reunificaciones familiares.

Desde Amnistía, sin embargo, constatan que cada vez hay más división entre los estados de la UE sobre la política migratoria, si bien también insisten en pedir solidaridad a los europeos.

En una línea similar, ACNUR reclama en la UE «una manera predictible para compartir la responsabilidad de los refugiados».