Bruselas cifra en 132 MEUR el coste de hacer el catalán, el vasco y el gallego oficiales en la UE

La Comisión Europea cifra en 132 millones de euros el año el coste de hacer al catalán, el vasco y el gallego oficiales en la Unión Europea (UE). Esta es la cifra en la cual apunta el ejecutivo comunitario en un informe preliminar sobre el impacto financiero de la oficialidad de las tres lenguas, tal como ha adelantado 'El País' y ha confirmado la ACN. Bruselas indica en el documento que el coste de la oficialidad de cada una de las lenguas es de 44 millones de euros, por lo cual la cifra se sube hasta los 132 millones para las tres. En el documento, la Comisión Europea indica que la estimación se basa en los cálculos hechos por el gaélico el año 2015 y que para ser más "esmerada" se tendría que tener en cuenta otros factores.

El ejecutivo comunitario subraya que para hacer una estimación más exacta del coste de añadir una lengua al régimen lingüístico de la UE hace falta tener en cuenta la contratación de personal de traducción, interpretación, revisión legal y publicación para las instituciones y las agencias de la UE, así como el coste de organizar procesos de concurso y de selección. También apunta que depende de los profesionales que haya disponibles para cada lengua.

Bruselas indica que el coste también depende de las bases de datos terminológicas existentes y las bases de datos "necesarias para alimentar la maquinaria de traducción". "Si no existen (...), se necesitará inversión para generar memorias de traducción y y tecnología y equipamiento técnico para desarrollarlo", dice el texto.

El documento también remarca que puede haber un proceso transitorio hacia la implementación de la oficialidad, por lo cual eso "mitigaría algunos de los costes" mientras dure este proceso.

La Comisión Europea ha elaborado el informe sobre el coste de la oficialidad de las tres lenguas después de que el gobierno español le pidiera hacerlo para hacer frente a las dudas financieras de algunos estados miembros sobre la medida. El documento es un elemento clave para hacer avanzar la petición del ejecutivo español, ya que los socios comunitarios pedían tenerlo sobre la mesa para seguir abordando la cuestión. Ahora bien, las dudas de los socios comunitarios no sólo son financieros, sino también legales y políticos.