La fiscalía denuncia al Ayuntamiento de Calafell por no controlar la emisión de ruidos en la zona de ocio

La Fiscalía de Medio Ambiente de Tarragona acusa a los concejales de Medio Ambiente que ha habido en el Ayuntamiento de Calafell desde el año 2007 de un presunto delito ecológico por su “inactividad en el control de la emisión de ruidos” en la zona de ocio del municipio. Hace nueve años, una vecina diagnosticada con problemas de ansiedad, depresión e insomnio por el elevado ruido que sufría en el interior de su domicilio llevó el caso a los tribunales. Tanto el juzgado contencioso administrativo de Tarragona como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) le dieron la razón e instaron al consistorio a “adoptar las medidas necesarias para evitar esta inmisión proveniente de la vía pública”. Después de comprobar que la problemática no se ha resuelto y que la sonometría en la zona todavía supera los límites fijados por la normativa, el fiscal ha decidido denunciar a los concejales -como responsables del consistorio en este ámbito- por su desidia.

En la denuncia, el fiscal critica que, a pesar de las resoluciones judiciales contrarias al Ayuntamiento, los problemas de ruido en la zona de ocio de la ciudad persisten. Por este motivo, ha solicitado a los juzgados de instrucción del Vendrell que abra diligencias por un delito ecológico de los artículos 325 y 329 del Código Penal, y que cite a declarar a los diferentes concejales en calidad de investigados. Por estos hechos se podrían enfrentar a una multa y a penas de entre medio año y tres años de prisión, y de entre nueve y quince años de inhabilitación para cargo público. En el documento elaborado por el fiscal constan mediciones realizadas en el domicilio de esta vecina, ubicado en la calle Monturiol. El estudio se practicó en junio del 2015, entre la una y las tres de la madrugada de un domingo. De los resultados se desprende que las mediciones de ruido “superan en mucho los valores máximos y, en todo caso, correspondía al Ayuntamiento la vigilancia del control de estos límits”.En concreto, las medidas realizadas en el exterior del inmueble alcanzaron entre 73 y 80 decibelios, cuando el valor límite previsto después de la aplicación de la normativa catalana -mediante el decreto catalán 176/2009- se situaría en 63 decibelios. Con respecto a los registros del interior del domicilio, el valor promedio mesurado superaba por poco los 50 decibelios, casi 20 más de los que fija la legislación.

La de Calafell es la primera denuncia penal de estas características que ha interpuesto en la demarcación de Tarragona el fiscal de Medio Ambiente, Ignacio Monreal, quien al mismo tiempo investiga numerosos casos más relacionados con el exceso de ruido. La mayoría se corresponden en la ciudad de Tarragona y, de hecho, ubicaciones céntricas como la Rambla Nueva o la Parte Alta se encuentran en el punto de mira.