Medio año de prisión un policía local de Altafulla que propinó tres bofetadas a un detenido

La Audiencia de Tarragona ha condenado a seis meses de prisión y dos años de inhabilitación por|para un delito contra la integridad moral a un cabo de la policía local de Altafulla que propinó tres bofetadas a un detenido. Además, tendrá que indemnizar a la víctima con 2.000 euros por los daños morales. Los hechos se remontan al 22 de abril del 2013 cuando el acusado, Félix G.F., y cuatro agentes más se dirigieron al bar La Ronda requeridos por el propietario. Allí, Santos C.R. se encontraba bajo los efectos del alcohol y propinaba golpes en las puertas y gritaba. Según la sentencia, los agentes tuvieron que reducir al hombre dado que se negó a identificarse y les intentó agredir. Además, el individuo ofreció resistencia y lo tuvieron que sacar por|para la fuerza del vehículo policial. Posteriormente, una vez en las dependencias policiales, el cabo entrevistó al individuo y le propinó tres bofetadas en la cara, tal como demuestran las imágenes registradas por una cámara de seguridad.

Durante el juicio, el cabo ya reconoció haber propinado una bofetada al hombre, pero lo hizo, según él, para reclamar su atención, ya que sólo decía cosas incoherentes. Además, aseguró que le propinó otra vez porque el hombre le dijo que le arruinaría la vida y una tercera para que no se golpeara la cabeza contra el cristal de la oficina. El resto de agentes que presenciaron los hechos no actuaron, pero lo explicaron al día siguiente al subinspector jefe del cuerpo.

En la sentencia, el tribunal de la Audiencia de Tarragona considera que las bofetadas no tenían ningún tipo de justificación y muestra su sorpresa por el hecho de que varios agentes declararan durante el juicio celebrado el 20 de julio que el cabo había golpeado al detenido porque no entraba en razón, «como si eso pudiera legitimar la acción», critican a los magistrados. Por este motivo, la Sección Cuarta ha condenado al agente a seis meses de prisión, dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de un puesto de trabajo o cargo público, y a pagar al afectado una indemnización de 2.000 euros. Inicialmente, la fiscalía solicitaba dos años de prisión y ocho años de inhabilitación, pero finalmente acordó rebajar la pena. A su vez, la defensa solicitaba la libre absolución del agente y, subsidiariamente, que se lo condenara a pagar una multa de 300 euros por un delito leve de lesiones.