La denuncia de los vecinos de Villajardín obliga los ocupas a marcharse de la casa

El enfrentamiento entre la comunidad de vecinos de la urbanización Villajardín y la familia que ocupó el adosado número 59 el pasado 9 de agosto ha acabado con la marcha de éstos. El titular del juzgado número 4 de Reus ordenó, el 31 de agosto, acabar cautelarmente con las alteraciones que la familia había realizado en el suministro de la electricidad y de agua con el fin de poder vivir en la casa. La policía local de Cambrils ejecutaba el orden el 7 de septiembre. Un día antes, sin embargo, la familia de ocupas ya había abandonado la vivienda, no sin haberse enfrentado antes a los vecinos en un juicio rápido el 29 de agosto.

Extorsión, chantaje, amenazas, defraudación en el suministro de electricidad y agua, el uso de un espacio privado, usurpación de vivienda son los muchos delitos que los vecinos denunciaron antela policía local de Cambrils y que el juzgado recogió en un único procedimiento. El juez, no sólo ha obligado a desenganchar la vivienda ocupada del suministro eléctrico general y de la red de agua de la comunidad, sino que ha prohibido a la pareja de ocupas que intenten cualquier tipo de comunicación o contacto visual con el presidente vecinal de Villajardín y tres residentes más.

«Quemaremos vuestras casas, haré que vengan más gitanos peligrosos y que ocupen el resto», «haré una barbacoa con vuestras casas», son algunas de las amenazas que, según las denuncias presentadas por varios vecinos de Villajardín, profirieron los ocupas cuando, el pasado 9 de agosto, la comunidad intentó parar la entrada a la fuerza en el adosado, que es propiedad de Solvia, la inmobiliaria del Bancde Sabadell. Los vecinos, de hecho, pidieron una orden judicial de alejamiento que, finalmente, ha sido desestimada. A pesar de la marcha de la familia de ocupas del número 59, los denunciantes han presentado un recurso contra la resolución y continuarán adelante con la denuncia.

El banco se lava las manos

La denuncia recoge, también, el presunto intento de chantaje por parte de los ocupas que habrían pedido la cantidad de 3.000 euros a cambio de abandonar la casa ocupada inmediatamente. Durante el juicio rápido, la familia de ocupas volvió la acusación a los vecinos, asegurando que habían sidoéstos los que habían ofrecido esta cantidad para «comprar» su marcha.

Sea como sea, lo cierto es que más de 3.000 euros son los que la comunidad de vecinos han tenido que desembolsar para hacer frente a los gastos judiciales mientras la entidad bancaria se lavaba las manos. La comunidad de vecinos de Villajardín solicitó al representante legal de Solvia –la inmobiliaria a la cual pertenece la casa– que enviara un documento que acreditara que la entidad no autorizaba a la familia a vivir allí. Se trata de un documento que los vecinos querían adjuntar a las pruebas que acompañan su denuncia. El representante legal de Solvia respondióque no estaba autorizado para facilitar este documento y que, en cualquier caso, les facilitaría una copia de desahucio en caso de producirse.

Los ocupas y los vecinos se enfrentaron en dos ocasiones durante este verano. La primera, cuandola familia, acompañada con un numeroso grupo de etnia gitana, procedió a la entrada porla fuerza en la casa a plena luz del día. La segunda, cuandola familia trajo invitados a la piscina comunitaria del recinto.