Aturem BCN World reitera a las críticas en las nuevas alegaciones a la aprobación del CRT
El movimiento social denuncia que el proyecto podría acabar cargando sobre las arcas públicas los costes de urbanización
El Parlamento debatirá la semana que viene sobre la posible derogación de BCN World
Las nuevas alegaciones que la Assemblea Aturem BCN World ha elaborado a raíz de la aprobación inicial del nuevo Plan Director Urbanístico (PDU) del CentreRecreatiuiTurístic(CRT) de Vila-seca y Salou mantienen las críticasensu encaje territorial y viabilidad económica. A pesar de reconocer «mejoras» en algunos aspectos concretos, el reformado proyecto que la Generalitat presentó hace unos meses sigue sin convencer el movimiento social que se opone a ello. Reiteran que, de la misma manera que con el primer PDU aprobado, las nuevas alegaciones siguen denunciando el «desencaje importante en la planificación territorial» vigente en el Campde Tarragona y «la alteración del equilibrio establecido entre turismo, actividades industriales y núcleos de población». También consideran que el proyecto deja «muchas incógnitas» sobre quién tendría que asumir los costes derivados del Planen caso de que los inversores hicieran marcha atrás, en ámbitos como la urbanización, el saneamiento de aguas, el suministro eléctrico o las nuevas carreteras. «Hay un riesgo muy elevado que con fondos públicos, a través del Incasòl, se tengan que asumir gastos derivados si el proyecto no se materializa tal como está previsto», aducen.
La Assemblea Aturem BCN World, que ya anunció que presentaría alegaciones justoen el mismo momento que la Generalitat daba a conocer el contenido del nuevo plan, ha reunido nuevamente un equipo de expertos en planteamiento, abogados, activistas y representantes políticos para la preparación de estos argumentos en nueve ámbitos diferentes. Aparte de las críticas mencionadas en los ámbitos de planificación y encaje territorial o viabilidad económica, el movimiento social también ha señalado la existencia de «déficits» en la gestión de la movilidad en los nuevos complejos turísticos, a pesar de admitir que se han producido «mejoras».
Según un comunicado que da cuenta del contenido de las alegaciones, «el riesgo de llegar al colapso es elevado» y, en este sentido, entienden que el Planaporta soluciones «parciales, ya que focaliza buena parte de los tráficos en una nueva conexión con la A-7 y la AP-7, sin tener en cuenta los incrementos de tráficos previstos para la ampliación del Puerto y la propia movilidad del núcleo urbano de Salou». Reprochan, además, que aspectos, como el abastecimiento energético tampoco quedan resueltos, especialmente ante el hecho de que el Ministerio de Industria haya asegurado que no tiene prevista ninguna nueva subestación eléctrica en la zona. Consideran también que el plan«tampoco es valiente» a la hora de hacer frente a la eficiencia energética y al uso de energías renovables –«se limita a garantizar el cumplimientode la normativa»- y queda «lejos de las promesas» en que lo situaban como un «referente en arquitectura y urbanismo sostenible».
Riesgo químico y posibilidad de reversión de los terrenos
La Assamblea vuelve también a insistir en la cuestión del riesgo químico y critica que no se haya valorado el incremento de turismo junto a la industria. Creen, en este sentido, que resultaría necesaria la revisión de todo el planeamiento sectorial en materia de riesgo químico, tanto interno como externo. Otro de los aspectos del PDU que ha levantado las suspicacias entre los opositores al reformado proyecto, ahora renombrado como CentreRecreatiuiTurísticde Vila-seca y Salou, hace referencia también a la actuación de la administración en relación con los derechos de los propietarios originales de los terrenos, expropiados el año 1989 y actualmente en manos de la Caixa. «La administración tendría que haber informado a los propietarios de los terrenos que no se hubieran urbanizado por si querían el derecho de reversión, hecho que no ha «pasado», aducen. Delante de eso, hacen un llamamiento a los propietarios que quieran ejercer sus derechos de reclamación ante la administración para reclamar la reversión o una nueva expropiación sobre el valor real de los usos que plantea actualmente el proyecto.
Por último, la Assemblea Aturem BCN World denuncia la «falta de participación» en el proceso administrativo abierto justo antes del verano con la aprobación inicial del nuevo PDU. Una participación, aseguran, que se ha limitado a una comisión de seguimiento en el Parlamento y a reuniones bilaterales entre el Incasòl y otros organismos. «Lamentamos que éste sea el estilo que se siga para conseguir un consenso social hacia este proyecto», razonan, recordando que todavía esperan respuesta a las alegaciones presentadas hace un año. Delante de todo, anuncian que más allá de la lucha en el ámbito técnico y político seguirán manteniendo la vía de la movilización social para rechazar un «modelo de desarrollo turístico que no nos representa, que tendría graves afectaciones sobre la actividad económica actual, que rompería los valores del territorio y que tan sólo serviría para especular con unos terrenos propiedad de la Caixa con el visto bueno del Incasòl y la Generalitat».