El alcalde de Querol será juzgado en julio por los escándalos de corrupción urbanística

El alcalde de Querol, Miguel Uroz, será juzgado el próximo mes de julio por un supuesto caso de corrupción urbanística del año 2005. Once años después, la Audiencia de Tarragona acaba de señalar la fecha para el juicio. Se celebrará los días 6,10,11,12,13 y 17 de julio en la sección segunda de la Audiencia y se juzgarán en ocho implicados en esta trama. Un exalcalde, Albert Carreño, del brazo con Uroz, entonces concejal de Urbanismo, habrían orquestado una operación urbanística para revalorizar una zona donde se había empezado a hacer una urbanización, en la cual se involucraron cargos públicos, el arquitecto municipal y empresarios. Uroz y Carreño, que tienen 82 y 84 años respectivamente, se enfrentan a 4 años de prisión, 22 de inhabilitación pública y una multa de 3,7 millones de euros cada uno porlos delitos de prevaricación y revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno. Las críticas de la oposición y la indignación de los vecinos -en el pueblo hay 558 habitantes censados- ayudaron a destapar el escándalo. La Generalitat frenó la urbanización.

Los inicios se remontan en el 2003, cuandoel exalcalde Albert Carreño -primero de CiU y, posteriormente, independiente- planificó la compra de una finca por60.000 euros que se revalorizó hasta los 8 millones cerca las previsiones urbanísticas. Carreño cerró un convenio con los representantes de dos sociedades mercantiles, Riecsa -aunque esta empresa estaba disuelta hacía años- y Viviendas Vinyols Mar S.L. (Havimar), sin pasarlo por lleno.

El punto clave fue la revalorización del suelo de una zona del término municipal, donde se había empezado a hacer una urbanización, denominada el Arboçar, que fue incrementando el volumen de viviendas previstas hasta los 1.400. La finca fue adquirida por 66.632 euros y revendida por 3,8 millones, coincidiendo, temporalmente, con la aprobación de los planes de ordenación urbana (POUM).

Así, a partir de información privilegiada, una sociedad mercantil se embolsó más de 3 millones de euros de negocio en la única operación que ha hecho en su vida societaria. El guion previsto era que Riecsa, propietaria del Arboçar, lo vendería por un precio bajo a Havimar, y posteriormente, Havimar revendería a otras sociedades, con el precio revalorizado. Y así se hizo.

Para no levantar sospechas y evitar cargas fiscales, se falsificaron fechas de documentos. En estos movimientos también se implicaron el antiguo arquitecto municipal y redactor de los POUM, Ricardo-Saúl Sánchez Obaya, los exconcejales socialistas Francisco Blanco y Eduardo Bermejo, y los empresarios Miguel Ten, Alícia Barceló -Havimar- y Jordi Riera -de la sociedad mercantil Riecsa. Este último se enfrenta también a penas de prisión.

Según se recoge en el escrito de calificación de Fiscalia, Riera puede ser condenado por prevaricación a 8 meses de inhabilitación pública o, subsidiariamente, a 10 meses de prisión y una multa de 132.664 euros por influencia a funcionario público. Además, porlos delitos de falsificación de documentos, contra Hacienda y por usurpación de función pública, se le pueden dictar hasta 6 años y 8 meses de prisión y una multa de casi 500.000 euros. Otros implicados en la trama, que constaban en el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal, o bien ya han muerto durante este tiempo o no están en condiciones de asistir al juicio.

Tanto Carreño comoUroz salieron de sus partidos -CiU y PSC respectivamente- y pasaron a grupos independientes. Carreño ya está apartado de la política, mientras Uroz continúa de alcalde y gobierna desde un grupo independiente, después de ser expulsado por su partido cerca precisamente estos escándalos urbanísticos. Ahora, sin embargo, también se le suma una moción de censura que se votará el próximo 28 de octubre en la cual el anterior alcalde -y antiguo portavoz de la Plataforma Salvamos Querol, luchadora contra esta trama-, Jordi Pijoan, le puede arrancar la alcaldía.