Los más de 600 afectados en la provincia por el fraude de Volkswagen ven la luz

Los más de 600 afectados en la provincia de Tarragona que han presentado algún tipo de reclamación por el fraude en la manipulación de las emisiones de gases de los vehículos Volkswagen, tienen desde ayer más esperanzas de ver resueltas sus quejas. El optimismo surge de un juzgado de Valladolid, que ayer dio a conocer una sentencia con decisión favorable hacia el propietario de un vehículo afectado. La resolución judicial, que da la razón a un afiliado a la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Consumidores (APDEF) obliga a indemnizar al propietario del vehículo afectado con el 10 por ciento de su valor venial. Como se trataba de un modelo Audi Q5, valorado en 50.065 euros, la sentencia dicta que tanto el concesionario Volkswagen-Audi de la ciudad castellana, como la filial española de la marca, tienen que pagar a su cliente 5.006 euros.

La sentencia procede de un juzgado de primera instancia, ninguna posibilidad de recurso a la Audiencia provincial, medida que Volkswagen ya anunciado que tomará. En la provincia de Tarragona las tres asociaciones de consumidores APDEF, Organización de Consumidores (OCU) y FACUA suman más de 600 afectados que han presentado alguna reclamación –alguna judicial, otras administrativas–, 279 de ellos pertenecen a la ciudad de Tarragona. Pero también hay otro colectivo de clientes que no se atreven todavía a ir a los juzgados, ya que hasta el momento existían cuatro resoluciones judiciales contrarias, lo que representaba para un demandante un coste aproximado –en Cataluña de entre 5.000 y 6.000 euros– en concepto de costes en caso de que el juez decidiera en contra. Víctor Amela es el abogado de Tarragona que defiende los derechos de los usuarios de la asociación APDEF, que tiene presentadas cinco casos en los tribunales y una veintena de clientes que esperan para ver como progresa el caso en los juzgados.

El letrado afirma que existe una doble vía de actuación: la de presentar una demanda civil, como es el caso de Valladolid; o adherirse a una querella colectiva que la Audiencia provincial tiene abierta para todos los damnificados del territorio nacional. Las demandas que presenta Amela acostumbran a tener una base de incumplimiento de contrato por parte de una de las partes: Volkswagen Audi. Las reclamaciones civiles acostumbran a tener tres vías diferentes de petición: la primera pide la restitución del vehículo, especialmente si este tiene menos de dos años; la segunda pretende que se considere nulo el contrato de compra y que se devuelva el dinero que pagó el comprador, y, una tercera, es la de pedir una indemnización.

Así como los dos primeros supuestos no se han contemplado nunca por parte de un magistrado, la tercera petición sí que se ha contemplado por primera vez. Amela considera que la vía penal, que investiga la Audiencia Nacional, que interroga a directivos de la marca en Alemania entre otras medidas, puede tardar 8 o 10 años en dictar una sentencia que castigaría penalmente a los autores de la presunta estafa y resarcir los derechos de los querellantes.

El abogado tarraconense, que representa los intereses de los asociados de APDEF, cree que todavía se tiene que adelantar mucho y ver cómo evoluciona el caso, pero la sentencia dictada por el juzgado de Valladolid es una primera piedra importante y «es una buena señal que un juez dé la razón a un demandante». Así como la querella penal colectiva va dirigida a responsables de la marca en la central alemana, en España las responsabilidades son ciertamente dudosas. Se considera que Baena –importador para Espanya- tiene una responsabilidad compartida con el concesionario de la localidad donde se compró el coche. Claro que los dos dicen ser víctimas, y en el caso del concesionario tan sólo se trata de un franquiciado, y alegan desconocer las interioridades técnicas de los vehículos que introduce el fabricante, pero el juez considera que sí que es cierto que aprovechan en beneficio propio la imagen de la marca.

Amela considera que el delito de medio ambiente es el que menos interesa a los afectados, aunque es una irregularidad grave también a perseguir judicialmente, pero la parte principal es que se ha cometido un engaño, ya que el vehículo vendido no se corresponde con lo que consta en el contrato de compra-venta.

Esta relación contractual que una de las partes no cumple al dar un vehículo que no tiene las características de emisiones y consumos anunciados es la clave para ganar el caso. Actualmente, en la provincia de Tarragona 579 afectados han depositado su confianza en FACUA; 215 de ellos son de la ciudad de Tarragona. 59 expedientes son tramitados por la OCU en la provincia y APDEF tiene 5 demandas presentadas en Tarragona, además de 20 afectados que esperan la evolución del caso sin perder ninguna medida. Volkswagen informó a los usuarios que los citaría en un taller para hacer modificaciones en el software en algunos casos y otros para hacer una modificación física incorporando un depósito.