Ensenyament indemnizará a la familia de un alumno del Vendrell que sufrió acoso escolar

El Juzgado contencioso administrativo número 2 de Tarragona ha condenado el Departament d'Ensenyament a indemnizar con 3.820,83 euros a la familia de un alumno de la escuela Pla de Mar de Coma-ruga, en el Vendrell, que fue víctima de acoso escolar. El juez considera que la escuela –que depende de Ensenyament- no respondió a las constantes alertas de la madre del menor, y asegura que «no se adoptaron todas las medidas que hubieran sido deseables», como la intervención del psicólogo del centro o la activación de un protocolo especial contra el acoso escolar. En este sentido, el magistrado afirma que «no hay duda» de la relación de causalidad entre la falta de actuación y las lesiones traumáticas del niño.

Según la sentencia, este alumno de Coma-ruga fue víctima de acoso escolar por parte de los compañeros de clase entre los años 2009 y 2013. En concreto, los primeros indicios de ‘bullying’ se produjeron cuando el menor llegó a la escuela para cursar P-4, y que estos se alargaron hasta tercero de primaria. Durante estos años, los padres aseguran que el niño recibió insultos, empuje, golpes, amenazas y coacciones.

La familia relata que en P-4 su hijo ya recibió asistencia médica disfrutado del acoso, y que la situación se agravó los cursos siguientes, cuando el niño también recibió empuje desde encima de un tobogán y fue cerrado a los lavabos de la escuela. Esta dinámica, recoge la sentencia, se mantuvo durante 2º y 3º «bajo la tolerancia de la dirección de la escuela», que no adoptó ninguna medida a pesar de las advertencias de los padres del niño.

Al mismo tiempo, el juez constata que los padres llevaron al menor a varios especialistas médicos, los cuales le diagnosticaron «trastorno por estrés post-traumático», asegurando que el niño había llegado en aquel centro a cursar P-4 «en óptimas condiciones físicas y psíquicas». Por este motivo, los denunciantes reclaman que Enseñanza repare los perjuicios causados por la «dejadez absoluta» de los responsables de la escuela. «Su nula efectividad provocaron que el menor sufriera una depresión», apuntan.

Por otra parte, la sentencia recopilación que los maestros que había tenido el niño durante el tiempo en que se denuncia el acoso niegan que se tratara de una situación continuada. Así, apuntan que la madre actuaba con «sobreprotección» y atribuyen algunos de los hechos denunciados a situaciones puntuales, a la vez que aseguran que el menor no se distanció de los compañeros de clase en ningún momento.

Finalmente el juez concluye que queda acreditado que el niño sufrió estrés post-traumático a causa de los hechos vividos a la escuela y de la falta de actuación del centro. Así, reprocha a la dirección no haber citado a los padres de los niños involucrados en los hechos, ni haber hecho intervenir al psicólogo de la escuela, a la vez que lamenta que no se activara ningún protocolo especial para abordar el acoso.

El año 2013, la familia ya había denunciado el acoso a través de una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Departamento de Enseñanza, pero fue desestimada por silencio administrativo. Por este motivo los padres del menor llevaron el caso al Juzgado Contencioso Administrativo.