Piden 20 años de prisión para los antiguos propietarios de la sala Galas

J.D.G. y J.S.F., administradores de la sociedad Extrarecord S.L., antiguos propietarios de la sala de fiestas Galas de Salou, se enfrentan a una petición de penas que suman 20 años de prisión por un cúmulo de delitos societarios que afectarían a otros dos componentes de la mercantil. Lunes se inició, en la sección segunda del Audiencia provincial, la vista oral en que serán interrogados a lo largo de tres días una quincena de testigos. Según la representante del Ministerio Fiscal, los acusados cometieron, presuntamente, una veintena de acciones que comportarían un claro perjuicio a la sociedad y que se llevaban a cabo sin permitir que se controlara por parte de los otros dos socios. Entre esta veintena de acciones ilegales se hace referencia al apoderamiento de parte del importe de la venta de la sala de fiestas Galas de Salou, así como presuntas irregularidades en la gestión de los gastos de la explotación de la discoteca Pachá La Pineda y otros establecimientos de ocio de Salou.

Según las conclusiones provisionales del Ministerio Fiscal, tanto J.D.G. como J.S.F. han cometido delitos continuados de falsedad en documento mercantil, delito de administración fraudulenta y apropiación indebida. Así pide provisionalmente tres años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil y administración fraudulenta, y por los delitos de apropiación indebida los procesados se enfrentan a cinco años y seis meses de reclusión. Asimismo, se pide al tribunal que indemnicen de forma conjunta y solidaria a la sociedad Extrarecord en las cantidades presuntamente apropiadas y no reintegradas, que el Ministerio Público ha calculado en 901.520 euros de la venta de Galas y en 1.618.800 euros por las otras operaciones presuntamente fraudulentas. Esta calificación provisional podría modificarse en función de lo que la representante de la Fiscalía estime en quedar el juicio visto por sentencia.

La vista oral se ha iniciado sin la presencia de uno de los componentes de la sociedad, ya muerto, recayendo sus intereses en manos de sus herederos, actores en la querella. Se da la circunstancia que el contrato de venta de Galas vuelve a los juzgados. En este caso, después de haber sido un caso polémico en el 2007 cuando la Fiscalía de Tarragona investigó esta venta de Galas, en el 2003, a una empresa salouense y la presunta influencia municipal y la información privilegiada que esta mercantil compradora tenía en aquel momento. Se reproduce en el sumario actual los términos del contrato, haciendo referencia a que existía una condición en aquel contrato que podía suspender el trato: «que por la Administración correspondiente se aprueba de forma definitiva la modificación del Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Salou».

La investigación de la Fiscalía acabó en una ampliación de denuncia en el Juzgado número 4 de Tarragona, en sospechar que la «sociedad adquirente de la finca tenía practicament asegurado el aumento de edificabilidad cuando adquirió la misma». Es decir, que los compradores sabían con certeza que aquella cláusula suspensiva no se pondría en práctica. Sin embargo, el magistrado Francisco José Revuelta acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones al no ver indicios que acreditaran aquella vinculación e influencia.

Según el caso juzgado este lunes, la venta de Galas fue por seis millones de euros, 901.520 euros más de lo que constaba en la escritura. Este dinero –siempre según la versión provisional del fiscal– fue a parar presuntamente a los acusados, que no informaron de las condiciones de la compraventa al socio finado, qué intereses defienden sus familiares. Entre la veintena de movimientos realizados supuestamente a espaldas de los otros socios d'Extrarecord S.L., y que ahora se juzgan, se encuentra la explotación de la discoteca La Cage de Medrano, denominada posteriormente Pachito, con que arrendaba la mercantil Event Tres S.L., dónde el procesado J.S.F. era administrador. Así que la fiscalía considera que esta duplicidad –de ser administrador de Extrarrecord y Event Tres- constituía una actuación desleal y una desviación de fondo en beneficio del imputado.

A lo largo de la vista oral los testigos fueron interrogados por fiscalía y defensas con el fin de determinar su vinculación con los negocios en los cuales se hacía referencia en el procedimiento que instruyó en el Juzgado numero 5 de Tarragona. Destacó en uno de los momentos de la vista el «baile de fechas» que se produjo a raíz de las testimoniales. Uno de los interrogados dijo directamente que no constó hasta el 2004 el contrato de explotación de Pachá que se inició realmente en abril del 2003, declarando: «porque tenía miedo de que en este traspaso me hubiera podido perjudicar una decisión del ayuntamiento, en ser una concesión municipal».