Condenan a la antigua gestora del Casal Municipal de Torredembarra por el exceso de ruido

El juzgado de lo penal número 3 de Tarragona ha condenado a la antigua gestora del Casal Municipal de Torredembarra por un delito contra el medio ambiente por no haber adoptado medidas para prevenir el exceso de ruido que se producía desde el bar y el propio equipamiento. Según la sentencia de conformidad dictada oralmente el pasado 15 de septiembre, V.C.P. ha aceptado una pena de nueve meses de prisión y una multa de casi 2.000 euros. Además, indemnizará con 3.000 euros en concepto de daños morales a tres personas que vivían en el piso de encima, los cuales se tuvieron que mudar a otro lugar por los problemas de salud que les ocasionaba el impacto acústico del establecimiento.

Durante la vista oral, el ministerio fiscal y la acusación particular no se opusieron a la suspensión de la pena de prisión por un plazo de dos años, con la condición que la condenada no delinca durante este periodo y abone la responsabilidad civil. Según la sentencia, la procesada «no adoptó las medidas de prevención de los ruidos excesivos que se producían desde su negocio situado en la calle Capella, a pesar de tener pleno conocimiento de las graves molestias que, desde hacía años, estaba ocasionando a los vecinos del piso inmediatamente superior y que acabaron haciendo que se mudaran a otro lugar».

La constancia de ruido excesivo ocasionó, desde el año 2006, una reacción mixta de ansiedad y depresión a un hombre que, actualmente, todavía mantiene una prevención y susceptibilidad respecto del ruido. Además, sus dos hijas menores de edad presentaron trastorno del sueño, el cual ha desaparecido con el cambio de domicilio. Casi todas las mediciones realizadas en el inmueble superaron el umbral de ruido permitido según la normativa municipal, que en zonas residenciales prevé un máximo de 30 decibelios desde el interior del domicilio y 60 desde el exterior, durante el día, y de 25 decibelios en el interior y 50 en el exterior, durante la noche. No consta que el consistorio sancionara a la acusada, pero sí que canceló algunas actividades que habían sido motivo de queja, como varias fiestas o sesiones de baile.

Anteriormente, el afectado también denunció el entonces alcalde, Daniel Masagué, y las concejalas de Medio Ambiente, Maria Dolors Toda, y Cultura, Rosa Maria Guasch, por los presuntos delitos contra el medio ambiente y de prevaricación ambiental por omisión, para permitir que la actividad del casal infringiera el reglamento sobre contaminación acústica. Los procedimientos abiertos al juzgado del Vendrell, sin embargo, se acabaron archivando.