Los sindicatos denuncian que en Mas Enric no se cumple con la separación de internos jóvenes y adultos
Recuerdan que por ley los menores de 21 años tendrían que estar separados de los presos adultos y que eso no se cumple en el centro del Catllar
Las secciones sindicales de los sindicatos ACAIP, CATAC, CCOO y CSI-F del Centro Penitenciario de Mas Enric, en el Catllar, han hecho público un comunicado conjunto en el cual denuncian que en el centro tarraconense se incumplen los preceptos legales que establecen que los interno jóvenes, menores de 21 años, tienen que estar obligatoriamente separados de los adultos con respecto a las actividades y la vida en común.
Los sindicatos recuerdan que el centro, de reciente estreno «el centro de referencia del sistema penitenciario catalán, aquel que dispone de las medidas de seguridad más adelantadas, de las mejores instalaciones para conseguir la reinserción y rehabilitación de los internos» está vulnerando una ley orgánica, de derechos fundamentales. En concreta se trata de la Ley Orgánica 1/1979 de 26 de septiembre, deneral penitenciaria y en esta se articula, según explican los sindicatos que «los jóvenes tienen que cumplir separadamente de los adultos en establecimientos diferentes o, en todo caso, en departametss separados». La ley considera que los jóvenes son los menores de 21 años, aunque excepcionalmente y teniendo en cuenta la personalidad del interno, pueden permanecer en centros destinados a jóvenes los que, habiendo cumplido los 21 años, no hayan hecho los 25».
En el caso de Mas Enric, los sindicatos señalan que actualmente, en el módulo de jóvenes viven 13 internos menores de 21 años «compartiendo vida en común con una treintena de internos adultos». Y añaden que frecuentement a la vigilancia de este módulo sólo ha dedicado un funcionario «lo cual no garantiza la seguridad de los internos».
La nota conjunta de los sindicatos concluye pidiendo al consejero|conseller de Justicia de la Generalitat «que garantice el cumplimiento de la ley y dote de más personal para garantizar el mandato legal».