Un detenido en el Pla de Santa Maria para adquirir y vender armas de fuego por Internet

La Guardia Civil ha detenido a treinta personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la adquisición y venta de armas fuego por internet en la operación Vulpes III en varias provincias españolas en la cual se han desmantelado dos talleres clandestinos. Una de las detenciones se ha producido en Tarragona. Concretamente los agentes han detenido a un hombre del Pla de Santa Maria como integrante de esta red, tal como informa El Vallenc.

Los agentes se han apoderado de 124 armas de fuego y más de 14.100 cartuchos metálicos, entre otros efectos, informa la Guardia Civil.

En los mencionados talleres clandestinos, en las provincias de Albacete y Vizcaya, transformaban las armas y fabricaban munición y las ventas las realizaban a través de internet.

Las investigaciones han sido dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 1 de La Roda (Albacete).

La operación, coordinada por Europol, ha sido desarrollada por la Jefatura de Información de la Guardia Civil con el apoyo de las secciones de Andalucía y Cataluña y los grupos de Sevilla, Barcelona, Vizcaya, Madrid, Murcia, Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Alicante, Tarragona, Badajoz, En Coruña y Almería.

Esta fase de la operación concluye la que se inició el pasado mes de abril cuando la Guardia Civil intervino veintitrés pistolas y 450 cartuchos y detuvo a una persona en la provincia albaceteña que se dedicaba a adquirir masivamente armas detonadoras en países del Este de Europa.

Posteriormente manipulaba las armas para que pudieran efectuar fuego real y disparar munición con proyectiles que él mismo fabricaba en un taller clandestino que tenía instalado en el garaje de su vivienda y realizaba las ventas a través de internet.

Fruto del análisis de la documentación intervenida durante la primera fase de la operación los agentes consiguieron identificar a un gran número de personas que podrían estar adquiriendo de forma ilegal armas de fuego y munición.

Por tal motivo realizaron 31 registros que dieron como resultado la intervención de 124 armas de fuego, 14.100 cartuchos metálicos y seis kilos de pólvora y la detención de treinta personas.

Se les imputan delitos de tenencia ilícita y de depósito de armas, munición y explosivos.

Los detenidos utilizaban métodos de ocultación y por ejemplo en uno de ellos le fueron intervenidas en la provincia de Sevilla siete pistolas oculta bajo el tejado de uralita de su vivienda, donde fue necesario desmontar parte de lo mismo.

Asimismo, en otro de los registros, en la provincia de Barcelona, fue desmantelada una plantación de marihuana que ocupaba la totalidad de las habitaciones de una vivienda y en la cual fueron confiscadas 256 plantas y varios efectos necesarios para el cultivo de la droga como extractores, ventiladores y luces.

Durante otro de los registros efectuados, en la provincia de Vizcaya, la Guardia Civil desmanteló otro taller clandestino dedicado a la manipulación de armas de fuego y a la fabricación ilegal de munición que uno de los detenidos tenía instalado en una lonja-garaje.

En este taller se transformaban armas de aire comprimido para que pudieran disparar munición metálica del calibre 22.

De esta forma las armas detonadoras transformadas, la tenencia del cual y comercio están castigadas en el Código Penal, se convertían en tan letales y con las mismas características que las de fuego real.

Del total de 124 armas de fuego intervenidas, la mayoría, 117, son cortas, pistolas y revólveres, en las que hay que sumar cinco largos, incluida una escopeta de cañones|caños recortados, y dos bolígrafos pistola.

Además los agentes han confiscado seis silenciadores, 14.100 cartuchos metálicos de diferentes calibres, seis kilos de pólvora y ochocientos cebadores.

Asimismo numerosas piezas como cañones|caños, carcasas, correderas, cerrojos, accesorios, herramientas para la rehabilitación y manipulación de las armas, maquinaria, abundantes vainas y proyectiles para la fabricación ilegal de munición metálica, documentación y equipos informáticos.

La Guardia Civil estima que con esta actuación se ha impedido que las armas confiscadas llegaran al mercado negro con las consecuencias imprevisibles y graves que eso podría implicar para la seguridad ciudadana.