Ecologistes en Acció exige al Gobierno que vincule el impuesto nuclear al cierre de las centrales catalanas

El impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación, transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos, con el cual el Gobierno quiere gravar a las nucleares catalanas a partir de este 2017, tiene que ir vinculado a un compromiso de cierre de las centrales. Así se ha posicionado Ecologistes en Acció ante la inclusión de la medida en el Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público. Los ecologistas valoran que el Gobierno reconozca por primera vez la «peligrosidad y el riesgo» para las personas que supone la energía nuclear. Sin embargo, consideran que desatar el importe de la finalización de la actividad supondría «aceptar una actividad que puede derivar en perjuicio de la ciudadanía a cambio de dinero». «A la salud y las personas no se les puede poner precio», alertan. En este sentido, piden al Gobierno, aunque no tenga competencias y ante un posible traspaso de competencias o la independencia, «tendría que definirse claramente sobre la actividad de las centrales nucleares en el territorio» ante el crecimiento del «riesgo de accidente» a medida que van envejeciendo.

«Cataluña tiene que definir su posición con o sin competencias sobre una actividad que el mismo Gobierno reconoce puede afectar a la salud de las personas. El llamado impuesto nuclear no es un buen paso», aducen en un comunicado. La entidad ecologista recuerda que la actividad nuclear en Cataluña tiene «un problema añadido» con el hecho de que ANAV, la empresa que gestiona las centrales nucleares catalanas, «tiene el número más alto de incidencias en sus instalaciones de todo el Estado español». Eso supone convertir lo que «tendría que ser una anécdota en el funcionamiento de Ascó y Vandellòs» en un «hecho habitual con el consecuente riesgo para la población y el deterioro de la imagen de las comarcas donde están ubicadas» las centrales. Consideran que la situación resulta especialmente grave después del desastre de Fukushima, en Japón, y creen que el país «no puede asumir las consecuencias de un accidente» como este.

Con estos argumentos, Ecologistes en Acció consideran inaceptable que la creación del impuesto por parte de la Generalitat no vaya vinculada a la negativa a los permisos de renovación de Vandellòs y Ascó, que finalizan entre los años 2020 y 2021. «El Gobierno tendría que comprometerse a no hacerlo en caso de que se le delegaran las competencias en materia nuclear del Estado, como en el caso de alcanzar la independencia», aseguran. Descartar este posicionamiento, supondría, aseguran, optar por una política de recaudación que «acabará recayendo en los bolsillos de los usuarios y sólo servirá para legitimar una actividad energética obsoleta que quiere prolongar su agonía hasta los sesenta años de actividad». «Una locura», remarcan.

En el marco del Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), del cual forma parte Ecologistes en Acció, se trabaja ya en la línea de evitar la renovación del permiso de explotación de las centrales nucleares. En esta línea, durante este 2016, en Cataluña se han iniciado los primeros pasos para iniciar una ILP a todo el Estado, que se tiene que concretar durante el próximo trimestre.