Dos vocales de la Cooperativa de Cambrils declaran ante el juez por la quiebra

Jaume Solana y Agustí Massagué, dos vocales de la Junta Directiva de la Cooperativa de Cambrils, serán los primeros a declarar ante el juzgado de instrucción número 3 de Reus por la quiebra de la sección de crédito a finales del 2015. Sus declaraciones están previstas para hoy, entre las diez de la mañana y las once y media. La declaración de Josep Maria Siuró, director general de la Cooperativa hasta el 2013 –quién estaba citado también hoy– se ha aplazado hasta el próximo lunes, 16 de enero.

Los tres dirigentes de la cooperativa agrícola y otros siete –entre los cuales, el director gerente Xavier Mas, y el presidente del Consejo rector, Jaume Baiges- se tendrán que defender de los presuntos delitos de apropiación indebida, falsificación de documento mercantil y delito societario.

Los responsables de la Cooperativa de Cambrils han sido citados a raíz de la primera querella que un grupo de seis afectados por la quiebra de la sección de crédito interpusieron contra los máximos responsables de la organización. Entre los seis denunciantes suman un perjuicio causado por la quiebra que llega hasta casi el millón de euros (933.059 euros, según detallaron en la querella admitida a trámite). A este mismo proceso, se ha sumado una segunda querella que un grupo de once afectados más –entre estos la figura jurídica de una empresa– interpuso contra los mismos dirigentes en noviembre del año pasado.

La investigación judicial sobre las circunstancias que llevaron la sección de crédito de la Cooperativa de Cambrils a ir a la quiebra están en una fase muy incipiente. Por este motivo, el bufete de abogados que representa el primer grupo de denunciantes, sospecha que tanto los vocales, hoy, cómo Siuró, el próximo lunes, se acogerán a su derecho de no declarar y sólo responderán a preguntas de sus letrados. En cualquier caso, la defensa que representa el primer grupo de afectados adelanta que pedirá responsabilidades penales, si se acaba demostrando que los investigados incurrieron en algún delito. De momento, como prueba, tienen ya en las manos la declaración ante el juez que hizo el auditor de la Cooperativa de Cambrils, Josep Maria Boada, en calidad de testigo.

El abril pasado, Boada, reconoció que había detectado irregularidades contables en la gestión de la entidad y que, por lo tanto y presuntamente, se habrían «maquillado» las cuentas con el fin de ocultar las pérdidas que arrastraba. En una vista que duró casi cuatro horas, Boada aseguró, hasta dos veces y de forma contundente, que había detectado irregularidades y que los números aportados por la Cooperativa de Cambrils no se correspondían con su realidad contable. Así quedó recogido en su informe del 2014 sobre la contabilidad del ejercicio anterior, lo último en que Josep Maria Siuró ocupó el cargo de director general. Este informe destapó las pérdidas de más de 3 millones de euros que provocaron la estampida masiva de dinero que llevó la sección de crédito a ir a la quiebra. Según dijo Boada, que es auditor de la entidad desde el 2010, estas irregularidades se habían detectado también antes del 2013 pero no se corrigieron nunca. El juez de instrucción tendrá que nombrar ahora a otro auditor externo para corroborar la declaración que hizo Boada, una de las pruebas que más esclarecedoras con qué cuentan ambos grupos de querellantes.

Aparte de los dos grupos de afectados se han añadido a la demanda, la CUP, como acusación popular –a petición de Xavier Milian y David Vidal, miembros de esta formación– y la misma Cooperativa de Cambrils como perjudicado por la quiebra. A pesar de eso, una parte de la defensa de los afectados podría oponerse en que la misma entidad forme parte de la acusación en entender que la sociedad es responsable civil subsidiaria de todo el descalabro que provocó el corralito de 32,5 millones de euros de 1.500 clientes de la sección de crédito. De este total, los afectados empezaron a cobrar el verano pasado 46,4% de los ahorros que tenían retenidos desde el mes de diciembre del 2015.

Desde diciembre del 2015

La crisis por la quiebra de la sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de Cambrils empezó a finales del 2015. El 22 de diciembre la Cooperativa Agrícola de Cambrils cerró, en principio provisionalmente, su sección de crédito por falta de liquidez inmediata. La medida se había decidido el 27 de agosto del mismo año en una asamblea de la entidad, pero se quería hacer de manera ordenada e integrante los depósitos de los impositores en una entidad convencional con la supervisión de la Generalitat. La deuda de 9,5 millones de euros de la cooperativa en la sección de crédito, sin embargo, finalmente no lo hizo posible. Cerca de 1.500 clientes quedaron sin poder acceder a sus ahorros.

La situación vivida por la Caja Agraria cambrilense ha requerido la intervención de la administración pública. El Gobierno de la Generalitat aprobó el año pasado la creación de un fondo cooperativo por vía de urgencia mediante el Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo, que tiene que permitir financiar la liquidación de las secciones de crédito de las cooperativas que opten por esta solución.