Ecologistas acusan a la Generalitat de aceptar la prolongación de las nucleares
La Generalitat ha introducido un impuesto ue afectaría a la radioactividad generada por los tres reactores nucleares catalanes: Ascó I y II y Vandellòs II
La central nuclear de Vandellòs II
El Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), donde se integra Ecologistas en acción, ha acusado hoy al Gobierno de aceptar la prolongación de las centrales nucleares de Cataluña más allá de los 40 años al introducir un impuesto nuclear sin reclamar el cierre de estas plantas.
«El debate sobre los impuestos nucleares es una cortina de humo para no hablar del calendario de cierre de las centrales», ha denunciado el grupo ecologista en un comunicado.
La Generalitat ha introducido en su proyecto de presupuestos para este año la creación de un impuesto que afectaría a la radioactividad generada por los tres reactores nucleares catalanes: Ascó I y II y Vandellòs II en Tarragona.
Con este impuesto se espera recaudar 28,29 millones de euros en el 2017, que pueden llegar a unos 60 millones de euros anuales.
El MIA, integrado por unas 50 organizaciones ecologistas portuguesas y españolas, considera que los impuestos nucleares, que gravarían la generación de sustancias radiactivas, «no supone un impedimento real para el funcionamiento de las centrales catalanas y significan, de facto, una aceptación de la prolongación del funcionamiento de los tres reactores catalanes más allá de los 40 años».
Los permisos de explotación de los dos reactores de Ascó expiran en septiembre de 2021 y cumplen 40 años de funcionamiento en el 2023 y 2025, respectivamente.
Vandellòs II cumplirá 40 años en el 2027 y su permiso de explotación expira en julio de 2020, mientras que la industria nuclear española se encuentra en pleno pulso para alargar el funcionamiento del parque nuclear hasta los 60 años.
Los ecologistas intentan impedir esta prolongación y aducen que los tres reactores catalanes producen a sus propietarios casi 3 millones de euros de beneficios netos diarios.
«De aquí el interés por prolongar el funcionamiento. La recaudación del impuesto estimada para el 2017 supondría sólo el importe económico de unos 10 días de funcionamiento de las centrales, absolutamente insuficiente para ser disuasorio», han señalado los ecologistas.
Además, añaden que «los impuestos establecidos por la Generalitat están diseñados para no sufrir la suspensión por parte del Tribunal Constitucional».
Pese eso, el MIA admite que «el reconocimiento implícito, al impuesto de la Generalitat, que las emisiones rutinarias de los reactores nucleares tienen un impacto sobre la salud, un hecho largamente denunciado desde el movimiento ecologista, supone un paso adelante con respecto a la negación continuada de este hecho».
«No obstante -concluye-, el hecho que este reconocimiento se realice sólo para cobrar un impuesto, sin considerar las implicaciones para la salud y la seguridad, significa que el paso se da en la dirección equivocada».