Un manifiesto denuncia el efecto 'perverso' del futuro impuesto sobre las nucleares

Más de 70 personas del mundo universitario, laboral, social y ambiental de Cataluña han firmado un manifiesto pidiendo al gobierno de la Generalitat que retire el Capítulo séptimo del Proyecto de Ley de presupuestos. Este capítulo propone la creación de un impuesto sobre las nucleares y, según Ecologistas en acción –que también ha firmado el manifiesto– aprobarlo significa que la Generalitat reconoce que la dispersión de elementos radiotóxicos supone un grave peligro para las personas. Según el manifiesto, la aprobación del impuesto tiene un doble impacto negativo. Por una parte, antepone los beneficios económicos a la salud de las personas. Por la otra, tiene un efecto «perverso», ya que, a mayor contaminación, más quantiosos son los ingresos.

El Capítulo séptimo del Proyecto de Ley de presupuestos de 2017 supone el reconocimiento oficial de un aspecto de la energía nuclear que hasta hoy era rotundamente negado por la industria nuclear y por las administraciones: que las emisiones rutinarias de los reactores tienen un impacto sobre la salud de las personas», afirma Ecologistas en acción. La organización justifica su rechazo al impuesto «con que no va acompañado de ninguna medida que detenga este impacto negativo sobre la salud».

El manifiesto afirma que, «desde sus inicios, la industria nuclear ha argumentado que las emisiones radiactivas que los reactores emiten cada día, las llamadas ‘bajas dosis’, eran inofensivas, y se han hecho múltiples estudios a nivel estatal e internacional para rebatir cada intento proveniente del área de la salud pública de mostrar este impacto. Además, todos los estudios oficiales han concluido que no había relación entre centrales nucleares y salud de la población». El último de ellos, según se asegura al manifiesto, fue redactado en el 2009 por un equipo del Instituto de Salud Carlos III, y supervisado por una Comisión en la cual estaba representada la Generalitat. Este estudio insistió en la misma conclusión.

Con la presentación del «Proyecto de Ley de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público; de creación del impuesto sobre el riesgo medioambiental de la producción, manipulación y transporte, custodia y emisión de elementos radiotóxicos; del impuesto sobre bebidas azucaradas envasadas; del impuesto sobre grandes establecimientos comerciales, y del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, el gobierno de la Generalitat reconoce que la «dispersión de elementos radiotóxicos genera un importante riesgo medioambiental y para las personas», y declara que quiere cobrar un «impuesto» por las «emisiones rutinarias que se producen en la operación normal de un reactor termonuclear», según recoge la propuesta.

El manifiesto recoge el efecto perverso que tiene el reconocimiento. «En primer lugar, elude la responsabilidad de cualquier gobierno de anteponer la salud de la población a los beneficios económicos; en segundo lugar, tiene el efecto perverso de qué a mayor contaminación radioactiva (y por lo tanto, más enfermedades y sufrimiento) más ingresos para el Gobierno, y más tranquilidad para las compañías que la generan; en tercer lugar, sin ningún tipo de estudio sanitario que evalúe el impacto concreto, legaliza los efectos de la contaminación radioactiva, asumiendo como rutinarias las enfermedades que genera; en cuarto lugar, no hay garantía que las compañías no recuperen la cuantía del impuesto con un incremento de tarifas, con lo cual sería la ciudadanía quien acabaría pagando el derecho de estas compañías a envenenar el entorno; y en quinto lugar, la implementación de este impuesto sobre la contaminación la saca del ámbito que le corresponde, que es la salud pública y enmascara el problema como si fuera una cuestión dineraria,» enumera.

Ecologistas en acción añade que «mejor regalo no se podía hacer a las empresas eléctricas». Destacan que este «impuesto» se aplica a unos reactores nucleares envejecidos, «que ya llevan más de 30 años emitiendo radioactividad». «Reactores que tendrían que haber cerrado hace años y que obtienen con el impuesto una justificación adicional para seguir funcionando. Estamos delante de un mecanismo para justificar un disimulado alargamiento de su funcionamiento», concluye Ecologistas en acción.