La Generalitat tiene 98 pisos vacíos mientras 800 personas esperan un alquiler social

La Generalitat de Catalunya tenía, al acabar en el 2016, un total de 98 viviendas vacías en el Camp de Tarragona. Se trata de pisos que gestiona la Agencia de la Vivienda destinados al alquiler social, para personas con falta de recursos o que han sido desahuciadas de su hogar. El Tarragonès encabeza la lista con 53 casas pendientes de adjudicar, serie por el Baix Camp con 32 pisos. Por detrás, con una cifra sensiblemente inferior, quedan el Alt Camp, con 5 hogares y el Baix Penedès y la Conca de Barberà con 4 viviendas respectivamente. En el Priorat no hay ningún piso vacío. Al cómputo total de Cataluña, donde se incluyen los tarraconenses, de las 14.367 viviendas en propiedad de la administración, a finales de diciembre 1.226 quedaban vacíos.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la PAH, denuncia en Diario Más lo que considera una situación del todo insostenible. Según asegura la entidad, al acabar el año, en la provincia de Tarragona había cerca de 800 solicitantes de alquiler social en la Mesa de Emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, dependiendo del gobierno catalán. «No hay recursos, faltan pisos para poder dar en alquiler social. Los que van dando, los adjudican poco a poco», apunta Carme Lleyda, coordinadora de la PAH en Tarragona. Según explica el activista, este último 30 diciembre se produjo un caso en Cambrils que ejemplariza la situación: Desahuciaron a una familia, estaban ya incluidos en el listado de la Mesa de Emergencia, pero según les dijeron, no había, en aquel momento, ningún piso para darles, así que los tuvieron que reubicar en un piso compartido, donde habitan de otras personas. La gestión la tuvo que hacer el Ayuntamiento de Cambrils». Según la PAH, las administraciones locales se encuentran ligadas de pies y manos en esta problemática, «los municipios no tienen la capacidad suficiente para comprar pisos y realizar alquileres sociales, lo único que pueden hacer son los informes de vulnerabilidad a través de los servicios sociales, que después se pasan en la Mesa de Emergencia».

La Generalitat de Catalunya, por su parte, se defiende recordando que cinco años atrás, en el 2011, la cifra de pisos vacíos de su propiedad era el doble, con respecto al actual. Concretamente eran 3.264. «Con estas cifras, que se consideraban inaceptables desde el punto de vista social, se presentó un plan de choque para reducir al máximo la cifra, al mínimo exigible,» aseguraba hace unas semanas a la consellera de Vivienda, Meritxell Borràs.

A la lentitud administrativa en la adjudicación hay que sumarle la problemática de la ocupación: el 2,7% de viviendas de la administración pública, 392 concretamente, están ocupados. Esta cifra también engloba los que no están aptos para entregar.

«Los desahucios y la problemática de la vivienda no está ni de bien lejos acabando. De hecho en el 2016, el número de peticiones de ayuda que recibimos a la PAH de Tarragona no ha bajado. Cada semana seguimos recibiendo entre 8 y 10 casos de familias que nos piden consulta. Hay que recordar que no todo el mundo ha vuelto a tener trabajo», expone Lleyda. De hecho, explica que cada vez les llegan más peticiones de ayuda en casos de desahucios en pisos de alquiler: «La gente que va pagando al precio de mercado sin embargo, si no cobra un dinero suficiente, no puede seguir pagando». Los desahucios en pisos de alquiler son una problemática mucho más pantanosa para la plataforma, ya que, según Lleyda, acostumbra a haber «inmobiliarias por el medio, o particulares, que quizás necesitan el dinero del alquiler de aquel piso para poder seguir pagando su hipoteca.» El activista reconoce que esta tipología de desahucios «les desborda un poco» debido a la falta «de herramientas adecuadas para hacerle frente». Si bien la coordinadora de la entidad celebra que se ha avanzado mucho en los desahucios por impago de la hipoteca, «ahora ya hay una negociación con los bancos. Conseguimos frenar los casos antes de los desahucios, pero eso sí, hace falta que vengan con dos meses de antelación, de hoy para mañana es complicadísimo frenar un desahucio».

Entidades y partidos políticos exigen al gobierno que aumente el parque público de alquiler social, para poder situarlo al nivel europeo, dónde la cifra ronda el 15% de las viviendas totales. En Cataluña, sólo están 14.367.