El juez del Vendrell ordena 18 detenciones por el caso del 3% de CDC

La Guardia Civil ha detenido este jueves al director del Port de Barcelona, Sixte Cambra, el de la Fira, Constantí Serrallonga, y entre otros el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives (CDC), por su supuesta vinculación con el pago de comisiones a la antigua Convergencia, en el caso del 3%. Según han informado fuentes próximas al caso, durante la operación se han practicado unos 25 registros en domicilios particulares y a empresas, 18 detenciones, entre ellas las del exresponsable de los servicios jurídicos y excoordinador de régimen interno de CDC Francesc Sánchez, así como los empresarios José M., de la constructora Comsa-Emte, José M. Z. y Pedro L., de la compañía Oproler, y un directivo de la sociedad Rubau Tarrés, en Girona.

El titular del juzgado de instrucción número 1 del Vendrell, que mantiene el caso bajo secreto de sumario, atribuye a los detenidos en esta operación -la cuarta fase del caso conocido como 3% sobre supuesto pago de comisiones en CDC- los delitos de blanqueo, financiación ilegal, soborno y malversación. El juez investiga en esta nueva fase el presunto pago de comisiones de empresas donantes de Convergencia a cambio de la adjudicación de obras, como el túnel de Glorias o la ampliación del Port de Barcelona, en la etapa en que el convergente Xavier Trias ostentaba la alcaldía de la capital catalana.

Poco después de las 9.30 horas de la mañana, agentes de la Guardia Civil se han personado en el edificio del World Trade Center de Barcelona, donde tiene su despacho el presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra, un amigo del entorno más próximo del expresidente de la Generalitat Artur Mas. Cambra ha sido arrestado mientras los agentes registraban las oficinas del área de presidencia en búsqueda de dos expedientes sobre contrataciones en el puerto, entre ellas por la ampliación en el muelle sur, adjudicada con un presupuesto de 4,2 millones de euros a Comsa, empresa que también ha sido registrada este jueves.

Investigadas obras contractadas por el Ayuntamiento de Barcelona

El grueso de la investigación se centra en obras contratadas por el Ayuntamiento de Barcelona durante la etapa en la que el alcalde era Xavier Trias (CiU), por lo cual dos de los detenidos han sido el antiguo responsable de Hábitat Urbano y exteniente de alcalde Antoni Vives -arrestado en su casa y que será trasladado a la Comandancia de la Guardia Civil en Tarragona- y el gerente municipal durante el periodo 2011-2015 Constantí Serrallonga, actualmente director de Fira de Barcelona. En declaraciones en la prensa desde el consistorio, donde preside al grupo de CiU, Trias ha señalado la «clara intencionalidad política» de la operación desplegada hoy, que ha vinculado al inicio del juicio contra Mas por la consulta del 9N, que se inicia el lunes que viene. También Rafael Entrena, abogado de Vives y de la exvicepresidenta Joana Ortega en la causa del 9N, ha relacionado la operación contra la antigua Convergencia con el inminente juicio por la consulta: «Hace muchos años que no creo en las casualidades», ha dicho a TV3.

Los agentes buscan en los registros, tanto en las adjudicatarias como en las sedes de las empresas públicas Infraescturues.cat -dependiente de la Generalitat-, Autoritat Portuària de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals S. A.), los contratos de concesión de las obras bajo sospecha. Una de las principales obras, por su envergadura, es el proyecto de construcción del túnel para soterrar la Gran Vía en la plaza de las Glories en Barcelona, que fue adjudicado por 49,6 millones de euros en febrero del 2015, tres meses antes de que CiU perdiera la alcaldía de Barcelona, una unión temporal de empresas integradas por Romero Gamero, Benito Arnó i Fills, Copisa y Comsa. El juez indaga si las empresas públicas adjudicaban obras a constructoras o a la UTE a cambio del pago de comisiones del 3% a las fundaciones Fòrum o Catdem, vinculadas a CDC (hoy PDeCAT), partido en el cual se acababa desviando el dinero.

En total, los registros, solicitados por la Fiscalía Anticorrupción, se están practicando en doce poblaciones: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda.

La operación de hoy es la cuarta fase de la investigación en que la Guardia Civil registró en noviembre del 2015 la sede de CDC y detuvo el tesorero del partido Andreu Viloca, el director de Infraestructures de la Generalitat, Josep Antoni Rossell, y varios empresarios, entre ellos al consejero delegado de Copisa, por sospechas de pagos de comisiones del 3% a la formación nacionalista.

Detenido el directivo de Oproler

El directivo de la empresa Oproler Josep Maria Bassols, marido de la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que el expresidente catalán Artur Mas fichó como comisionada de Transparencia, es uno de los detenidos en la operación de este jueves. Según fuentes próximas al caso, Bassols, que ha sido trasladado a la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona -que lleva la investigación-, junto con tres detenidos más, ya fue arrestado en el 2015 en el marco de una de las fases previas del caso del 3%, acusado de pagar comisiones a CDC.

Bassols, que fue alcalde y concejal de la localidad de Anglès, es el marido de Núria Bassols, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) quien Mas fichó como comisionada de Transparencia de la Generalitat, poco después de que archivara el 'caso Adigsa' de presunta corrupción para el exdiputado de CiU y secretario general de Territori de la Generalitat, Ferran Falcó. Precisamente, la detención del marido de Bassols en la causa del 3% suscitó que el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, exigiera la dimisión de la excomisionada, que fue destituida el pasado 18 de enero en la primera reunión que mantuvo el gobierno de Carles Puigdemont.

Bassols, exdirectora de la Escuela Judicial y que pidió una excedencia del TSJC al ser designada cargo de confianza de la Generalitat, volvió a principios del año pasado al alto tribunal catalán, donde está dedicada a los asuntos civiles y no puede instruir causas penales. Núria Bassols podía volver cuando lo considerara oportuno a su cargo de magistrada en la sala de lo civil y penal del TSJC, ya que tiene la plaza en propiedad.

Ocho detenidos trasladados a Tarragona

De los 18 detenidos, han sido trasladados a la comandancia de la Guardia Civil enTarragonalos empresarios Bassols, Lerma y Tablero, así como el tesorero de CDC Andreu Viloca y Antoni Vives, exteniente de alcalde de Barcelona con Xavier Trias al frente de la alcaldía. También han trasladado el exresponsable de servicios jurídicos de CDC Francesc Sánchez, el exdirector general de Infraestructures.cat Josep Antoni Rossell, y el empresario Fèlix Pasquina. De acuerdo con las previsiones de los investigadores, estos ocho detenidos pasarán las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Vendrell, que investiga el caso.