Decretan el archivamiento|archivación de la causa contra el exalcalde de los Garidells

«Estoy decepcionada con la justicia. No nos hemos podido ni explicar. Nos sentimos engañados y estafados. Ha sido un cubo de agua fría». Así es como se sentía ayer Remei Rull, una de las propietarias que pertenece a la Asociación de Propietarios de la Malaluca, ante la archivación provisional de la causa contra Amadeu Duch, el exalcalde de los Garidells, a quien denunciaron por los presuntos delitos de soborno y prevaricación.

Remei Rull y el resto de perjudicados por los supuestos tratos desiguales que recibieron por parte del exalcalde a la hora de construir la urbanización la Malacuca dels Garidells tenían que declarar ayer ante el juez, pero no lo pudieron hacer. El informe del médico forense daba ayer un giro «decepcionante» a los once años de espera de los afectados al dictaminar que Amadeu Duch –quién el día anterior había alegado tener problemas auditivos a la hora de responder a las preguntas del tribunal– tiene una limitación cognitiva entre leve y moderada que impide que sea procesado.

Cristina Ucelay, la letrada que representa la acusación particular, sospecha que, después del sobreseimiento provisional, la causa se archivará definitivamente. «Y sería el momento de mirar adelante y que el actual ayuntamiento busque una solución digna para todo el mundo y ofrecer un trato igualitario para todos los vecinos en el ordenamiento urbanístico», añadía Ucelay. Uno de los afectados y denunciantes, de hecho, tuvo que ejecutar la orden de derribo de una vivienda recientemente. La archivación de la causa, por otra parte, anula también la posibilidad de dar voz a los agentes rurales que, en su día, elaboraron un amplio informe sobre las construcciones que se llevaban a cabo a la urbanización objeto del conflicto. Estos tenían que testificar hoy, también a la Audiencia Provincial.

Amadeu Duch, alcalde del municipio entre 1966 y 2015, se enfrentaba a tres años de prisión y 24 de inhabilitación, según la petición de Fiscalia, por los presuntos delitos de soborno y prevaricación. Se le acusaba de haber pedido 3.000 euros de «donativo anónimo» a los vecinos que construían en terrenos rústicos no urbanizables, a cambio de legalizar la construcción, a lo cual se negaron los denunciantes. Por el contrario, el alcalde habría hecho los «ojos grandes» ante la situación de presunta ilegalidad de algunas viviendas que otros vecinos construyeron también en terrenos con la misma calificación de terrenos rústicos no urbanizables.