Obligar a desviar los camiones por la AP-7, propuesta del Gobierno para descongestionar la N-340

Restringir el paso de camiones por la N-340 a su paso por las Tierras del Ebro, el Tarragonès y el Penedès obligándoles a desviarse por la autopista AP-7 con bonificaciones de entre el 35% y un 50% del coste de los peajes. Según han confirmado fuentes municipales, la solución gerundense, aplicada desde hace cuatro años a l'N-II, es la base de la propuesta que el Gobierno ha trasladado finalmente al Ministerio de Fomento para descongestionar de tráfico pesado la carretera N-340. La propuesta de restricción de paso y desvío obligatorio de camiones afectaría a los tramos entre Vinaròs y l'Hospitalet de l'Infant y el de Altafulla-Torredembarra y Vilafranca del Penedès e incluirá, además, la gratuidad del tramo del AP-7 para los residentes.

Después de meses de debate, dudas y falta de concreción, la aplicación de la solución gerundense a la N-II para sacar el tráfico pesado de la N-340 en las Tierras del Ebro, el Tarragonès y las comarcas del Penedès se abre finalmente paso. Los consellers de Territorio y Sostenibilidad e Interior, Josep Rull y Jordi Jané respectivamente, acompañados de cargos territoriales de la Generalitat, trasladaron el planteamiento a los alcaldes en una reunión que tuvo lugar hace pocos meses en la ciudad de Tarragona. Ahora, la propuesta ya se encuentra sobre la mesa del Ministerio de Fomento, que tiene que coger una solución definitiva al respeto.

En términos concretos, el grosor principal de las medidas planteadas al gobierno español toma como base la restricción de camiones en los tramos conflictivos de la N-340 en los cuales Fomento todavía no ha construido la autovía A-7 y sólo tienen como alternativa la autopista de peaje. Por una parte, en las Tierras del Ebro, los camiones tendrán restringido el paso y serán desviados hacia el AP-7 entre Vinaròs y l'Hospitalet de l'Infant. En el Penedès, el tramo restringido para el tráfico pesado se extenderá desde Altafulla hasta Vilafranca del Penedès. En los dos casos, los trayectos largos tendrán una bonificación del importe de los peajes del 35%, descuento que en el caso del tráfico local llegaría al 50%.

Adicionalmente, la propuesta incluye la exención de los peajes para los movimientos internos por la AP-7 que efectúen los residentes. Así, los vecinos del Ebro no tendrán que pagar peaje entre Vinaròs y l'Hospitalet de l'Infant y los residentes del norte de la demarcación disfrutarán de la misma bonificación en su tramo. En este caso, la bonificación se limitaría a un trayecto de ida y vuelta a la misma destinación.

Se trataría de un planteamiento similar a lo que desde hace años funciona ya en la circunvalación de Tarragona, en el tramo entre Salou y Altafulla-Torredembarra, libre de peaje para los trayectos entre estos dos puntos. En la propuesta, sin embargo, se quiere intentar regular de forma efectiva a los sujetos beneficiarios y limitar el trayecto concreto. Una de las opciones sobre la mesa es su aplicación a través de la contratación de un sistema de telepago bancario, como el conocido Vía T.

La Generalitat ya había sopesado públicamente la opción de restringir y desviar obligatoriamente por la autopista el tráfico pesado desde hace tiempo, siguiendo el ejemplo gerundense. En particular, en los tramos en los cuales Fomento no ha llegado a ejecutar la autovía A-7, paralela a la N-340 y a la AP-7. Pero la idea del desvío obligatorio y las bonificaciones no gustó ni a las asociaciones de transportistas tarraconenses ni a las entidades vecinales que exigen la gratuidad de la autopista, más todavía cuando en el horizonte se acerca el final de la concesión y el retorno de la infraestructura en el Estado el próximo 2019.

A pesar de todo, el balance positivo que el Gobierno hace de la experiencia de la N-II, desde su implantación en abril de 2013 en un tramo de 81 kilómetros, lo ha llevado finalmente a extrapolar la experiencia a otros corredores viales catalanes también altamente afectados por la saturación y la accidentalidad.