Diari Més

Un año de lucha contra el precio del agua en la Pobla de Montornès

Los vecinos, ahora asociados, siguen recogiendo firmas contra Aqualia y sin tener respuesta del consistorio

Andrés Giordana, José Hidalgo y José López Lázaro, en las puertas del Ayuntamiento donde se ubica Aqualia.

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Mañana se cumplirá un año desde que los vecinos de la Pobla de Montornès detectaron el «abusivo» incremento para el precio del agua en su recibo. El aumento del 110%, aproximadamente, provocó que un grupo empezara la cruzada para conseguir la rebaja o, como mínimo, los detalles del contrato con la empresa adjudicataria, Aqualia. Un año después, el precio del agua continúa igual y todavía no han obtenido la documentación que han requerido al Ayuntamiento de la Pobla de Montornès. Así lo denuncia José López Lázaro, el vecino del municipio que cada martes, desde hace un año, recoge firmas en las puertas de las oficinas de Aqualia.

«Hace un año que empezamos las reivindicaciones y no nos hacen caso. Pedimos mientras una serie de datos y de documentación en el consistorio y no nos lo han facilitado», explica el incombustible López Lázaro quién, además, ha promovido la constitución de la Asociación de Vecinos de la Pobla de Montornès.

A lo largo de este año, la agrupación ha presentado las quejas por el aumento «desmesurado» del precio en el recibo del agua y las firmas de algunos afectados en la Agencia Catalana de consumo, además, cuenta con el apoyo de organizaciones como Agua es Vida. Pero un año después Lázaro y la agrupación continúa a la espera de que el consistorio los facilite todo el que requirieron a través de una instancia. Los vecinos han solicitado tener acceso a los contratos u otros títulos habilitados del servicio de suministro de agua en la Pobla de Montornès desde el año 2010 hasta la actualidad, así como la copia de los expedientes relativos al concurso público por la adjudicación del servicio.

Sin embargo, los vecinos afectados han pedido en el consistorio de la Pobla de Montornès el histórico de los cortes en el suministro de agua que se hayan realizado por impago en el municipio desde el año 2010 así como la documentación presentada por la compañía por la auditoría de cuentas de la explotación de la red en el municipio.

El Ayuntamiento salió al paso de las quejas de los vecinos en mayo del año pasado. El Gobierno local aseguró que no se cortará el servicio a ninguna familia sin recursos. Por otra parte, recordaron que la subida del precio había sido inevitable, que se había ido aplazando durante dos años y se habían implementado mejoras.

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