Piden prisión para el último consejo de administración de Caixa Tarragona
Fiscalia pide la apertura de juicio a Maties Vives, Gabriel Ferraté, Francesc X. Farriol y otros
La Fiscalía pide la apertura de juicio oral contra los miembros del último consejo de administración de Caixa Tarragona, del año 2010. Maties Vives, Gabriel Ferraté, Francesc Xavier Farriol, Miquel Ángel López Mallol, Josep Isern, Jaume Antich, Joan Carles Boronat, Manel Fusté y Josep Maria Vallés son algunos de los tarraconenses por los cuales la Fiscalía habría pedido penas de prisión. Además de lo que la Fiscalía pide para los dos responsables del Consejo de Administración de Catalunya Caixa, Narcís Serra y Adolf Todó, por haber votado a favor de subir el sueldo de cargos directivos durante la crisis económica y cuando la entidad tuvo que ser rescatada por el FROB, el caso ha salpicado un buen puñado de tarraconenses.
El ministerio público solicita la apertura de juicio oral a un total de 41 personas que formaron parte de consejos de administración de la caja por administración desleal. La Fiscalía pide 4 años de prisión para 17 de los acusados, entre los cuales Sierra y Todó, a quien atribuye dos delitos de administración desleal, y 2 años para los otros 24, a los cuales sólo atribuye uno de los dos delitos. Además, reclama que los acusados paguen al FROB 2.568.000 euros más intereses en concepto de responsabilidad civil. Según el escrito de Fiscalia, Maties Vives habría votado dos veces a favor de la subida de sueldos de Adolf Todó i de Jaume Massana. El montblanquí está acusado de un presunto delito de administración desleal y dos años de prisión por cada vez que votó. En total, se enfrenta a una pena de cuatro años de prisión. La Fiscalía pide también dos años de prisión para Gabriel Ferraté (Reus), el actual concejal de Hacienda de Vila-seca, Francesc Xavier Farriol, el exconcejal del PP en Reus, Miquel Àngel López Mallol, entre otros.
Los investigados consideran que el proceso será «largo». Uno de ellos, consultado por Diari Més, dice sentirse convencido de que la causa se archivará. El ministerio público sostiene que en CatalunyaCaixa hubo «retribuciones e indemnizaciones desproporcionadas y ajenas a su situación real», teniendo en cuenta, además, que se produjeron «en un entorno de grave crisis». Así, ve «sorprendido» que, por una parte, se suscribieran estos contratos y, de la otra, «pidiera la inyección de dinero público por parte del FROB». El fiscal dice que hubo dos acuerdos del consejo de administración que fueron claramente ilegales, y en medio se produjo la fusión de Caixa de Catalunya con Caixa de Tarragona y Caixa de Manresa, en mayo del 2010, y dos inyecciones del FROB por valor de casi 3.000 millones de euros.