Los estibadores amenazan con huelga si el decreto aprobado no garantiza ocupación estable

El consejo de ministros ha aprobado este viernes el nuevo decreto ley para liberalizar el sector de la estiba. Así lo ha anunciado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, casi dos meses después de que el Congreso rechazara el planteamiento inicial hecho por su departamento. Inmediatamente después de este anuncio, los sindicatos de los estibadores han confirmado que irán a huelga si el nuevo decreto ley «no garantiza la estabilidad en el empleo para todos los trabajadores y la profesionalidad» de la estiba.

En la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, De la Serna se ha mostrado «optimista» de que podrán obtener la convalidación del real decreto en el Congreso el jueves próximo. La aprobación de este nuevo decreto permitiría dar cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que condenó el Estado a modificar la Ley de puertos del 2010 para permitir que las empresas puedan contratar libremente a sus trabajadores.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) no piensa lo mismo que el ministro, y ha asegurado que, en las próximas horas, la representación de los estibadores presentará un preaviso de huelga, como medida preparatoria para una posible convocatoria de paros en toda España, y que analizará el texto «cuándo lo remita el Gobierno». Los sindicatos, después de rechazar «de manera absoluta y enérgica» el nuevo real decreto ley, han subrayado que los estibadores «se sienten engañados», y que la norma aprobada en el Consejo de Ministros no ha sido enviada ni a los sindicatos ni a la patronal, que según su criterio «es justo lo contrario al compromiso que adquirió el Gobierno».

La representación de los estibadores asegura en una nota después de la comparecencia del titular de Fomento, Íñigo de la Serna, que «no han tenido oportunidad de analizar y aportar propuestas» al nuevo real decreto «tal como se comprometió» el ministro. Opinan que se trata, «una vez más, de una postura autoritaria y abusiva, que no responde al consenso que decían perseguir ni al diálogo social que promulga Europa».

Los sindicatos de estibadoras añaden que «sospechan» que el texto es «prácticamente idéntico» al rechazado en el Congreso el pasado 16 de marzo, y consideran que es una norma «que no protege la totalidad de los empleos ni la profesionalidad de la estiba». El nuevo real decreto, agregan, no responde a la «defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, sino al de las grandes empresas, muchas de ellas multinacionales».

Cambios para que la estiba deje de ser un sector «monopolístico»

El ministro ha señalado que, entre las novedades de este segundo texto, está el compromiso de aprobar otro real decreto que recoja la propuesta de mediación. Está previsto que este documento se entregue la próxima semana a la patronal y a los sindicatos, así como a los grupos parlamentarios. Entre las medidas adoptadas, está la previsión de disponer ayudas públicas para la reconversión del sector que podrían llegar hasta los 120 MEUR.

Aunque el texto es muy similar al que quedó rechazado en marzo, según ha admitido el ministro, se han introducido varios cambios que garantizarán que la estiba deje de ser «un sector monopolístico». En este sentido, Fomento ha suprimido la disposición que eliminaba el recargo de la cuota empresarial de la Seguridad Social para los contratos temporales de menos de siete días. El nuevo decreto ley también ha fijado que los trabajadores no tendrán que disponer de un título de Formación Profesional porque «no existía ningún título propio que se correspondiera específicamente con la manipulación de mercancías», según el ministro. Asimismo, se requerirá un certificado de profesionalidad, que prevé la realización de unas prácticas no laborales en instalaciones portuarias. Por otra parte, el nuevo decreto garantiza a los estibadores el control de la carga y descarga de vehículos en los puertos.

Con estos cambios, el gobierno español busca el consenso necesario para aprobar el decreto ley y evitar así el pago de una sanción de 27.522 euros diarios para incumplir la normativa comunitaria. Además, hay que tener en cuenta que este importe podría aumentar hasta los 134.000 euros diarios si se produjera una segunda resolución del Tribunal de Justicia de la UE. En este sentido, según el ministro De la Serna, la Comisión Europea ha confirmado al ejecutivo español que el nuevo real decreto «contiene las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la sentencia».