Libertad con cargos para la extrabajadora de la guardería del Morell investigada por supuestos maltratos

El juzgado de instrucción número 1 de Tarragona ha dejado en libertad provisional con cargos a la extrabajadora del jardín de infancia municipal del Morell investigada por supuestos maltratos a niños. El juez ha acordado como medida cautelar la inhabilitación especial para la realización de cualquier profesión relacionada con el cuidado de menores, y le prohíbe acercarse a menos de 100 metros del jardín de infancia. Según ha informado el TSJC, las medidas se adoptan por un periodo de seis meses sin perjuicio de su prórroga en función de cómo avance la instrucción.

En la causa judicial, en estos momentos, sólo está investigada la extrabajadora del jardín de infancia, aunque los Mossos también investigaban al alcalde, la exconcejala y la exdirectora del jardín de infancia. Los delitos que se investigan son trato degradante o vejatorio, lesiones, maltratos, omisión del deber de perseguir el delito y encubrimiento.

Según consta en la interlocutoria dictada por el juez este martes, los mossos han estado investigando los presuntos maltratos que Marta R.P., vecina de Valls y de 32 años, habría cometido a alumnos de entre cero y tres años mientras trabajaba en el jardín de infancia del municipio. La chica empezó a trabajar el julio del 2008 con un contrato temporal de dos meses para hacer sustituciones, pero continuó hasta abril del 2016, cuando fue despedida.

Según las investigaciones realizadas por los Mossos d'Esquadra, hay indicios de que habría cometido varios maltratos a menores durante estos ocho años. El curso 2008-2009, cuando ejercía como educadora de apoyo en el aula de los recién nacidos, «los trataba de forma agresiva, llegando incluso a empujar contra el colchón de la cuna a uno de los menores cada vez que intentaba levantarse cuando era la hora de dormir».

Durante el curso 2009-2010, ya como tutora de P-1, la investigada no suministraba la medicación a un pequeño diagnosticado de asma. El curso siguiente habría continuado sin facilitar los medicamentos al niño y, además, le explotaba globos a la cara y le hacía salir al patio cuando había obras a pesar de que tenía mucho miedo al ruido. Aquel curso, la directora comunicó las irregularidades a la concejala de Educación, «sin que conste que se hiciera nada al respeto», señala el auto. El curso 2011-2012, las educadoras volvieron a poner en conocimiento de la concejala la actitud de la investigada respecto de los menores, sin que se hiciera nada al respeto.

El curso 2012-2013 la joven ejerció como tutora de P-2 y una de sus alumnas tuvo que ser sometida a una exploración psicológica porque, según los padres, le habían notado un cambio de comportamiento y agresividad desde que estaba con la educadora investigada. Durante aquel curso, pero, el incidente más grave fue la fractura de clavícula de uno de los alumnos cuando se encontraba bajo su custodia. Según las investigaciones, los padres del niño pidieron reunirse con la concejala y con el alcalde para quejarse del trato recibido por su hijo, pero el alcalde se habría negado a recibirlos.

Durante el curso 2013-2014, Marta R.P. llevó a cabo tareas de refuerzo en los cursos de P-1 y P-2. Según parece, uno de los alumnos del hogar de niños fue objeto de vejaciones por parte de ella, puesto que «le bajaba los pantalones ante los otros niños para dejarlo en ridículo». El noviembre de aquel curso, además, la concejala fue informada de una posible agresión a una menor a la cual obligaba a comer.

El curso 2014-2015, Marta R.P. volvió a ser tutora de P-1 y sus compañeras vieron conductas incorrectas hacia los menores. Según la interlocutoria, a una niña la castigaba para hacerse las necesidades encima; a otra lo obligaba a comer por la fuerza; a una tercera la llegó a tirar al suelo a gritos, mientras insultaba a su madre, y a otro menor lo trataba de forma agresiva y violenta.

Posible contratación irregular y relación de parentesco con el alcalde y el exconcejala

El junio del 2015, se produjo un cambio en la concejalía de Educación, sin que se tenga constancia de que la exconcejala comunicara nada sobre la conducta de la investigada a la nueva responsable de la área. De hecho, según el juez, la nueva concejala no fue conocedora del comportamiento de la chica hasta que no visitó el jardín de infancia. El caso también investiga posibles irregularidades en su contratación por el vínculo de parentesco de la detenida con el alcalde y con la exconcejal de Educación.

Durante el curso 2015-2016, la investigada llevó a cabo funciones de refuerzo del aula de P-1 y, el 19 de octubre, habría agredido en dos ocasiones a un menor ocasionándole lesiones en la frente. A raíz de esto, la directora del centro puso los hechos en conocimiento de la concejala, la cual solicitó un informe al respeto. Diez días más tarde, la directora realizó un informe en que relataba el último incidente y otros presuntos casos de maltrato. Por este motivo, se inició un expediente disciplinario que culminó con el despido de la investigada el 28 de abril del 2016.

El juez critica que, a pesar de la relevancia de los hechos que motivaron el expediente, éste se archivara sin poner la situación en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales correspondientes, ni se hiciera «ninguna gestión para esclarecer los hechos».

La extrabajadora denunció el consistorio por despido improcedente

La mujer fue detenida este lunes por la tarde y este martes ha pasado a disposición del juzgado de instrucción número 1 de Tarragona. La educadora se ha acogido a su derecho de no declarar y ha salido en libertad provisional con cargos.

A propuesta del ministerio fiscal, pero, el juez ha impuesto varias medidas cautelares. Por un lado, ha inhabilitado la investigada para la realización de cualquier profesión relacionada con la cura de menores y le ha prohibido que se acerque a menos de 100 metros del centro con el objetivo de proteger a los menores.

Se da el caso que la educadora y su pareja también habían sido denunciados por haber seguido los padres de uno de los menores maltratados «con el fin de amenazarlos y evitar cualquier tipo de acción contra ella», según señala la resolución judicial.

Por otro lado, la mujer también está pendiente que el Juzgado Social de Tarragona celebre una vista para resolver la demanda que interpuso contra el consistorio por despido improcedente del jardín de infancia.