«Colaborar con la administración es clave para mitigar la vulnerabilidad energética»

Sorea, empresa gestora del ciclo integral del agua, ha participado en las Jornadas sobre la Gestión de los Servicios a las Personas organizadas por el Consell Comarcal del Tarragonès, que se cerraron la semana pasada en Tarragona. Estas jornadas, el último de los actos programados para celebrar los 25 años de los servicios Sociales del Consell Comarcal del Tarragonès, han tenido como objetivo encontrar instrumentos para mejorar la capacidad de respuesta a los nuevos retos que se presentan ante los servicios sociales.

—Háblenos sobre las Jornadas sobre la Gestión de los Servicios a las Personas, de que se llevaron a cabo la semana pasada en Tarragona.

—Sorea, como empresa suministradora de agua en varias poblaciones del Tarragonès, se ha involucrado de una manera muy comprometida en estas jornadas, las ha patrocinado y ha querido estar presente, con un formato que en menor escala está promoviendo en los municipios donde opera para mejorar la coordinación con los Servicios Sociales de los ayuntamientos y las Oficinas Municipales de consumo en el tratamiento de la vulnerabilidad económica.

—Qué se entiende exactamente por vulnerabilidad energética?

—El concepto de pobreza energética ha evolucionado hacia una condición más extensa y difusa denominada vulnerabilidad energética, definida como la probabilidad de una familia de experimentar una situación en la cual en su casa no recibe una cantidad adecuada de servicios de la energía. Se entiende que la pobreza energética es la dificultad o la incapacidad de mantener el hogar con unas condiciones adecuadas de temperatura (18ºC en invierno y 25ºC en verano). Sin embargo, no podemos compartimentar los tipos de pobreza según colectivos o tipo de vulnerabilidad, sino que tenemos que pasar a tener una visión global del problema con el fin de establecer mecanismos efectivos que trabajen desde la transversalidad. Tenga en cuenta que el número de familias que se acogen al fondo de solidaridad no hace más que crecer. Desde el 2012 ha ido incrementando a un ritmo anual del 3,5%. Por lo tanto, realmente estamos hablando de pobreza y de cronificación de la misma.

—Qué mecanismos ha previsto Sorea para dar apoyo a las personas en situación de pobreza?

—Sorea no corta nunca el agua a ninguna persona a quien Servicios Sociales haya acreditado que se encuentra en situación de vulnerabilidad. De hecho nunca hemos cortado el suministro de agua a nadie que no lo pueda pagar. Siempre habíamos resuelto estas situaciones de forma bilateral, pero a partir del 2012 creamos los primeros fondos de solidaridad en algunos municipios, antes de que ni siquiera se empezara a hablar de pobreza energética. Desde entonces, Sorea ha dispuesto 470.000 euros en fondos sociales en los municipios dónde demos servicio. Por otra parte, ponemos al alcance de las personas con dificultades varios instrumentos como facilidades de pago y aplazamientos a plazos sin intereses.

—Cuál es la situación en el Tarragonès?

—Sorea abastece de agua 7 municipios del Tarragonès (Salou, Vila-seca, Torredembarra, Constantí, Creixell, Vespella de Gaià y dos urbanizaciones de Roda de Berà). Tenemos identificados como vulnerables un total de 43 usuarios en estos municipios, donde el número total de abonados llega en los 69.666 (con un total de 80.499 personas abastecidas). Dentro de nuestro compromiso social, SOREA llegó a 617 acuerdos de pago a plazos en el periodo 2015-2016. Por otra parte, hay 71 usuarios con tarifa social y 2.193 con tarifa reducida para viviendas con más de 3 residentes. El año 2016, firmamos fondos sociales por valor de 10.600 € en estas poblaciones.

—Cuál es el procedimiento que sigue Sorea cuando se encuentra con un caso de impago por falta de recursos económicos?

—Hasta la aprobación de la Ley 24/2015 del 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, Sorea comunicaba a los ayuntamientos las listas de corte. La Ley estableció, como al principio de precaución, un protocolo obligado de comunicación a los servicios sociales y de intervención de estos servicios previamente a la concesión de las ayudas necesarias para evitar los cortes de suministro. Por lo tanto, cuando la empresa suministradora tiene que hacer un corte de suministro tiene que solicitar previamente un informe a los Servicios Sociales municipales para determinar si la persona o la unidad familiar se encuentra en una de las situaciones de riesgo de exclusión residencial determinadas a la Ley. En caso de que se cumplan estos requisitos se tienen que garantizar los suministros básicos y se tienen que aplicar las ayudas necesarias con el fin de no generar una deuda a la persona o la unidad familiar. En este sentido, el año 2016 firmamos un convenio con la Agencia Catalana de consumo a través del cual concedíamos ayudas a fondo perdido a las personas y unidades familiares en situación de riesgo de exclusión residencial. La empresa suministradora tiene que informar, en cualquier aviso o comunicación que haga referencia a la falta de pago del servicio, de los derechos relativos a la pobreza energética establecidos por esta ley.

—Se cuestiona a menudo el precio del agua, nos puede decir qué esfuerzo representa para las familias hacer frente a la factura del agua en Cataluña?

—En Cataluña destinamos de media menos del 3% de nuestros ingresos a pagar la factura del agua. Para que se haga una idea, el servicio que nos sale más caro de media es el de telefonía. La Agencia Catalana del Agua (ACA) calculó en el 2016 que sobre un consumo de 12m³ en el mes, el precio medio del agua en Cataluña se sitúa en 1,39 €/m³. En los municipios del Tarragonès donde damos servicio el precio se encuentra en 0,89 €/m³. Conviene tener en cuenta que la factura del agua incluye varios conceptos. Si cogemos una factura tipo de Salou, por ejemplo, con un consumo trimestral de 36 m³, veremos que el importe es de 58,32 €. De estos, el 40% corresponde en el pago en el ACA, el 25% al Consorcio de Aguas de Tarragona, en torno al 10% corresponde al IVA que recauda la Agencia Tributaria de forma que sólo el 25%, es decir, 14,60 € se destinan específicamente a la gestión del servicio que presta Sorea.

—Finalmente, cuál es su valoración de las jornadas celebradas en Tarragona esta semana?

—La lucha contra la pobreza energética es una de las prioridades de Sorea. Como ya he dicho, trabajamos desde hace tiempo, en estrecha colaboración con los ayuntamientos, para garantizar que todos los ciudadanos y ciudadanas dispongan de agua potable independientemente de su situación económica. En este sentido, la coordinación entre las compañías y la administración local es fundamental: son los Servicios Sociales de los Ayuntamientos quien acreditan la situación de vulnerabilidad de las familias e informan en nuestros equipos. Por lo tanto, valoramos muy positivamente todos los esfuerzos que se hagan desde el ámbito público por potenciar la coordinación entre los concesionarios y la administración. Sin embargo, el reto ahora mismo es encontrar una fórmula para evitar que el análisis de los casos de vulnerabilidad económica recaiga exclusivamente en los Servicios Sociales.