Proponen revalorizar el sobrecoste de la mejora de la carretera de Almoster

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya(GEPEC) quiere evitar que la mejora de la carretera T-3231, que enlaza el Almoster y la Selva del Camp, se acabe materializando con una nueva vía, en vez de arreglar la actual infraestructura. Es por este motivo que, el pasado lunes 16 de octubre, el grupo ecologista optó por pedir que se estudie detalladamente el sobrecoste de esta última opción, que proviene del traslado que se tendría que hacer de una cañería del Consorcio de Aguas de Tarragona, y que se haga cargo, en parte, este organismo.

La demanda del GEPEC surge a raíz del último Estudio Informativo emitido por la Diputación de Tarragona el pasado mes de agosto, en el cual se mantiene la posición inicial del ente y se concluye que la opción más óptima es la Alternativa 2 (correspondiendo al desdoblamiento).

Esta decisión se ha tomado a pesar de la oposición de una parte importante de vecinos –que consiguieron reunir 1.500 firmas–, entidades locales y comarcales de la zona, la Unió de Pagesos o la Plataforma del Camp. Entre los opositores está el GEPEC, grupo que este lunes 16 se mostró muy crítico con la decisión del ente supramunicipal. «La propuesta de la Diputación de Tarragona se basa en el menor coste económico», destaca el GEPEC. En este sentido, el grupo ecologista remarca que la Alternativa 3, que corresponde a la mejora de la actual vía a fin de que el impacto medioambiental sea menos significativo, se descarta porque «tiene que soportar el coste del traslado de una cañería de agua del Consorcio de Aguas de Tarragona, la cual implica un sobrecoste aproximado de un 25% (cerca de un millón de euros).»

Asimismo, el GEPEC asegura que esta cañería fue «impuesta» en la carretera actual y «incorporada muchos años más tarde al de su construcción». Es por este motivo que el grupo ecologista pone en duda que el coste del traslado de esta cañería con el fin de mejorar la vía «tenga que ser soportado por el titular de la carretera y no por quien pidió permiso para colocar la cañería», por lo cual pide que «se analice en detalle la forma de compartir el sobrecoste de los servicios afectados».

Este último informe de la Diputación se ha realizado después de que la Ponencia Ambiental de la Generalitat indicara que hace falta una carretera que «evite la fragmentación de fincas agrícolas».