El TS confirma penas de hasta siete años de prisión por coaccionar a un indigente para comprarle un riñón

El Tribunal Supremo ha confirmado las penas de hasta siete años de prisión por|para un delito de tráfico ilegal de órganos principales humanos impuestas por la Audiencia de Barcelona a los tres miembros de una familia de origen serbio afincada a Miami Platja (Baix Camp) y a un amigo que ofrecieron 6.000 euros a un marroquí 'sin papeles' y sin techo, por|para el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.

Para el Tribunal Supremo, no es admisible una actuación por vía de hecho «dirigida a procurarse un órgano a espaldas del ordenamiento y de los principios que lo informan y que dan razón de ser al sistema público de trasplantes diseñado según los principios básicos de actuación de altruismo, gratuidad, solidaridad y objetividad en la asignación de los órganos para el trasplante».

El tribunal destaca que el delito de tráfico de órganos, que fue introducido el año 2010, «no trata sólo de proteger la salud o la integridad física de las personas, sino que el objeto de protección va más allá; destinado a proteger la integridad física, por descontado, pero también las condiciones de dignidad de las personas, evitando que las mismas por sus acondicionamientos|condicionamientos económicos puedan ser cosificadas, tratadas como un objeto detenidor de órganos que, por|para su bilateralidad o por|para la suya no principalitat, pueden ser objeto de tráfico». Añade que el propio sistema de trasplantes establece un sistema altruista y solidario para la obtención y distribución de órganos para su trasplante a enfermos que lo necesiten.

El padre y los dos hijos formarían parte de un conocido clan de origen serbio establecido al Campo de Tarragona y que se dedicaría a varios delitos como|cómo el robos en viviendas de lujo. El acusado Tony R., a quien a finales de octubre del 2014 se le diagnosticó una hipertensión arterial maligna renal, fue sometido a diálisis en Reus. Para poder ser atendido por la sanidad pública se hizo pasar por su hermano, Django, también acusado, ya que el hijo enfermo no tenía la documentación en regla.

Después de hacer una serie de pruebas clínicas al hospital de Bellvitge, los médicos determinaron que necesitaba un trasplante de riñón, y una de las opciones que había era la donación de una persona viva. A partir de aquel momento buscaron a un donante.

Localizaron a un inmigrante de origen marroquí sin papeles, que vivía en una vivienda ocupada con otros sin techo en L'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) y que subsistía pidiendo limosna o trabajo en la estación de tren, al cual ofrecieron 6.000 euros para|por uno de sus riñones. Las dos partes cerraron el trato, y Toni R. y el donante, que tenía dificultades idiomáticas, se sometieron a todas las pruebas y los tratamientos que fueron necesarios hasta concluir que era factible llevar a cabo el trasplante de riñón. El donante era presentado como un amigo de la familia ante las autoridades sanitarias y el cuarto acusado, de origen marroquí, le hacía de traductor e intérprete en las visitas médicas.

No obstante, ante el temor de las consecuencias de la operación, el donante decidió no continuar con los trámites y rechazó la oferta cuando|cuándo ya estaba en fase de estudio clínico y a punto de firmar un acuerdo ante|delante de notario, motivo por el cual fue llevado|traído el 24 de abril del 2015 contra su voluntad en la casa de Miami Playa, a Mont-roig del Camp (Baix Camp), donde|dónde vivía el padre del enfermo, y allí dos de los procesados y durante 15 o 20 minutos le pegaron para|por todo el cuerpo y lo insultaron recriminándole su decisión de no continuar con el trasplante. Los acusados fueron detenidos por la policía española el 27 de abril del 2015.

El padre y ninguno del clan familiar fue condenado por la Audiencia de Barcelona por|para un delito de tráfico de órganos pero también por|para coacciones, cosa por|para la cual en su caso la pena es de seis años y medio de prisión. Su hijo Django, a seis años de prisión por|para un delito de tráfico de órganos y otro delito de usurpación de estado civil. La pena para su hijo, Toni, lo que necesitaba el trasplante, por|para estos mismos delitos es inferior -cuatro años y medio de prisión- al aplicar un subtipo atenuado del delito de tráfico de órganos para ser el receptor. Finalmente, el amigo que buscó al donante fue condenado a seis años de prisión por un delito de tráfico de órganos.

El tribunal rechaza la situación de necesidad alegada por el condenado enfermo en uno de los motivos de su recurso. Al respecto, afirma que fue el sistema de salud pública el que planteó el «remedio» a su enfermedad con el trasplante. La sentencia señala que aunque el condenado había sido informado de la existencia del sistema público de trasplante, decidió no seguirlo y buscó un órgano de una persona que por|para su necesidad económica accedía a la intervención a cambio de dinero.

La fiscalía pedía de siete a once años de prisión para el padre, de origen serbio, a sus dos hijos, de nacionalidad francesa, y un marroquí por|para los delitos de promoción, favorecimiento o facilitación de trasplante ilegal de órganos humanos ajenos, además de coacciones, lesiones y usurpación de estado civil, además de 10.200 euros de indemnización para la víctima. Los tres principales implicados son del clan Radosavljevic, al cual la policía española vincula con robos en domicilios de alto nivel económico.

La familia era buscada para|por las autoridades alemanas e investigada por varios robos en viviendas de lujo, y la policía cree que en Madrid consiguieron hasta 2 millones de euros de botín utilizando niñas. Las captaban pagando 100.000 euros a las familias y las casaban con miembros del clan. No obstante, la Audiencia Nacional española archivó la causa por falta de pruebas.

Durante aquella investigación, la policía intervino varias llamadas al clan que, según la fiscal, demostrarían el pago por|para el riñón. En una de las conversaciones, entre el hijo enfermo y uno de los hombres de confianza del clan, viendo que la víctima empezaba a dudar aseguraron «le daremos 100 o 50 euros para que se calme y después le descontemos de los 6.000». En otra, los acusados hablaban del pago: «Le daremos una parte ahora y otra cuando|cuándo acabe todo».

Justamente, la defensa de los acusados pidió la nulidad de las llamadas al inicio del juicio. Argumentaba que les pincharon el teléfono mientras los estaban investigando en la Audiencia Nacional por|para el tráfico de menores y recuerda que este caso se acabó archivando. De hecho, la única causa que tiene pendiente la familia, que está en libertad, es esta del tráfico de órganos y algunos robos aislados, según sus abogados.

Durante el interrogatorio judicial, tanto el padre como el hijo enfermo y el otro hermano negaron haber ofrecido dinero a la víctima, presionarlo y acabarlo amenazante y apaleando. Dicen que vivían de un negocio inmobiliario del patriarca y que tuvieron que hacer un gran esfuerzo por pagar el tratamiento del hijo. La única cosa que reconocieron es que el acusado enfermo utilizó la tarjeta sanitaria del hermano.

El padre aseguró que fue el indigente, que trabajaba para la familia como jardinero, quien se ofreció a dar el riñón. El hombre reconoció que se enfadó cuando supo que finalmente retrocedía, pero negó haberlo amenazado y agredido.

El hijo que necesitaba el trasplante aseguró que fue la víctima quien les pidió 2.000 euros. Dijo que no accedió y que sabía que eso estaba prohibido. El hombre de confianza del clan, que también ha sido condenado, dijo que el indigente ya quería hacerse donante antes de conocer el problema del hijo enfermo, «porque así le darían la invalidez y cobraría una pensión».