El gobierno de Torredembarra evita reprobar al concejal Lluís Suñé por presunto fraude eléctrico

El gobierno del Ayuntamiento de Torredembarra, formado por ERC, PSC y ABG, ha evitado la reprobación del concejal de Acció Social i Cooperació, Lluís Suñé (ABG), que está acusado de un presunto fraude eléctrico de más de 3.000 euros al bar que regentaba, entre los años 2012 y 2016. Aunque la compañía Endesa lo denunció a los juzgados del Vendrell el octubre pasado, Suñé ha negado los hechos durante el pleno extraordinario que se ha celebrado este miércoles para tratar esta cuestión. El concejal ha defendido que «no ha pinchado ni manipulado la luz» y que los hechos corresponden a «un conflicto dentro del ámbito privado». Durante el debate, la mayoría de grupos de la oposición han pedido la dimisión del concejal, que es el encargado de los asuntos de pobreza energética, e incluso la renuncia del alcalde, Eduard Rovira (ERC), por falta de transparencia.

El pleno se ha celebrado el mismo día que ha trascendido que la compañía Endesa denunció al concejal de la Alternativa Baix Gaià (ABG) por presunto fraude eléctrico ante un juzgado de instancia, el 21 de octubre pasado. A pesar de todo, durante la sesión extraordinaria de este miércoles, Suñé ha negado haber pinchado o manipulado la luz, y ha asegurado que tampoco ha recibido ninguna notificación. «El daño que queríais hacer ya lo habéis hecho. Ya llevo un año que soy un supuesto delincuente, pero no pasa nada. A mí me queda poco tiempo en política, pero dejadme trabajar un poco», se ha quejado el concejal, de que ha cargado duramente contra la actitud de algunos concejales de la oposición.

El alcalde ha defendido que de momento sólo existen sospechas y ha evitado pronunciarse sobre los hechos porque son «confusos» y se encuentran dentro del ámbito privado. «Lo que interesa es ‘machacar' el señor Suñé», ha lanzado. El alcalde también ha acusado la oposición de «tacticismo» y de aprovechar cualquier ocasión para forzar la ruptura del pacto de gobierno. El alcalde ha insistido en que su prioridad es garantizar la estabilidad del consistorio y que si se demuestran los hechos ya tomarán alguna decisión al respeto. El tercer socio del gobierno, el PSC, ha criticado la celebración del pleno -que ha sido forzado por Cs, PP y Avui Democràcia- para tratar «acusaciones no verificadas».

Desde las filas del PP, la concejala Núria Gómez ha pedido la dimisión de Suñé porque «haber llegado hasta aquí es un escarnio en la población». La concejala de Hoy Democracia, Rosa Maria Guasch, ha aprovechado para ventilar otras polémicas de concejales del gobierno municipal y ha pedido la dimisión del concejal y del alcalde «por haber mentido el plenario y haber engañado al pueblo». El portavoz de Cs, Toni Cruz, también ha pedido las dimisiones de Suñé y Rovira y ha reprochado que la polémica se haya convertido en «un tema tabú» durante once meses.

Por su parte, el concejal de la CUP, Toni Sacristán, ha tildado «de inútil» la celebración del pleno y ha rechazado convertir el salón de plenos «en una sala de juzgados» sobre una polémica que «supera el ámbito político». La portavoz del PDeCAT y Unión, Anna Magriñà, ha acusado el gobierno de haber «escondido la cabeza bajo el ala» y ha pedido la retirada temporal de las competencias del concejal de Acció Social mientras no se aclara el presunto fraude eléctrico.

Un año de polémica

En febrero del año pasado, el Ayuntamiento de Torredembarra ya celebró un pleno extraordinario sobre esta misma cuestión. La sesión, sin embargo, se acabó suspendiendo ante la aparición de un documento de reconocimiento de deuda atribuido a Suñé. La oposición ha criticado duramente el concejal, el alcalde y el conjunto del gobierno porque, a su parecer, en los últimos once meses han evitado dar explicaciones para que el caso cayera en el olvido.

Los cinco concejales de Cs, PP y Hoy Democracia han sido los únicos que han votado a favor de la propuesta de que ellos mismos habían presentado, mientras que el concejal de la CUP y el dos del PDeCAT y Unión se han abstenido. Los cuatro concejales de ERC, los tres del PSC y el propio Lluís Suñé (ABG) se han opuesto, con lo cual la propuesta ha quedado rechazada después de dos horas y media de debate y reproches. Por su parte, la concejala Clara Solivellas (ABG) ha seguido el pleno entre público, dado que es la abogada de su compañero de partido.