Tarragona reduce la siniestralidad mortal en el sur de la N-340 y a las carreteras estatales

La Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento en Tarragona ha emitido un comunicado subrayando que el número de víctimas mortales en las carreteras de titularidad estatal de la demarcación durante este 2017, siete en total, supone una disminución considerable respecto de los años anteriores: once del pasado 2016 y 27 de 2015. El gobierno español ha destacado especialmente el descenso en el tramo sur de la N-340, «donde se ha pasado de quince víctimas mortales el año 2015, en cuatro el año 2016 y una este pasado 2017». En este contexto, Fomento quiere poner en valor las actuaciones efectuadas en este tramo durante los últimos años, con la construcción de varias rotondas, el establecimiento de una doble línea continua y la limitación de la velocidad máxima a 80 km/h. Unas medidas que no ha satisfecho del todo a los alcaldes y ha recibido fuertes críticas de los transportistas y del movimiento vecinal, que exigen la gratuidad del AP-7 como principal antídoto a la siniestralidad y saturación de la N-340.

Más allá de mostrar su «prudente satisfacción» por este balance, el subdelegado del gobierno español en Tarragona, Jordi Sierra, ha anunciado que seguirán trabajando unas infraestructuras cada vez más seguras y en las cuales se plasme, en la medida de lo que técnicamente sea posible, las peticiones de nuestro territorio». Una afirmación, esta última, que más allá de la voluntad de conseguir que no haya ninguna víctima y reducir al máximo la siniestralidad no supone ningún avance real para los alcaldes del tramo ebrense de la N-340. «Lo que necesitamos son inversiones y una planificación seria y no parches como arreglar una infraestructura obsoleta, teniendo en cuenta que es una vía importantísima del Corredor del Meditarraneo», ha apuntado al alcalde de la Ametlla de Mar, Jordi Gaseni.

Constata, además, que las medidas no han rebajado la inseguridad, sobre todo porque el tráfico de camiones es todavía «muy elevado», no ha «bajado». Explica el caso concreto de gente de edad adelantada, que no ve con ánimos de cruzar a las intersecciones con carril central de las urbanizaciones, que tienen que dejar el coche a un lado de la carretera. «Eso ltrae mucho perjuicio y, de momento, aún es pronto, es atrevido hacer un análisis en un año, tendríamos que ver y estar alerta, porque una cosa son las medidas y la otra cuando la gente se acostumbra a estas y baja la guardia. Las infraestructuras tienen que ser seguras al 100% y seguimos a un nivel muy diferenciado del resto», argumenta, reclamando la necesidad de disponer de una vía de comunicación rápida, segura y gratuidad para garantizar los desplazamientos de los vecinos y facilitar la llegada de empresas.

«Si vamos a 80 o 70 y ponemos rayas en medio la accidentalidad baja pero no damos servicio a los ciudadanos. Lo que tenemos que hacer de una vez por todas es hacer los peajes gratuitos y el problema se ha acabado: que la gente sea libre de ir por la vía que quiera», reclama el alcalde del Perelló, Ferran Cid, como solución «de emergencia». Al mismo tiempo, sigue reclamando al Estado que cumpla también las infraestructuras promesas en el territorio, sea el desdoblamiento de la N-340 o un tercer carril para la autopista AP-7. «Las carreteras están pagadas y repagadas y no se hace inversión en las vías públicas. El Estado no está por la labor», ha añadido, recordando la proyectada construcción de la autovía A-7 como desdoblamiento de la carretera N-340, pendiente desde hace diecisiete años. «No puedes poner tantos palos con abonos y desvíos obligatorios», enfatiza, poniendo en entredicho la situación que dibuja el gobierno español escondiendo el trasfondo de la deuda de los concesionarios de las autopistas y apostando por el pago del mantenimiento de las infraestructuras directamente por parte de los usuarios.