Guardias civiles piden que Cataluña sea 'zona de conflicto' a raíz del 1-O

La Associació Unificada de Guardias Civiles ha pedido declarar Cataluña «zona de conflicto». Según el director general del AUGC en Tarragona, David Domínguez, se está viviendo, en todo el territorio, una situación de «radicalización» –también en la provincia de Tarragona–, a raíz de la consulta del pasado 1 de octubre, hecho que, según asegura Domínguez, los agentes y sus familiares están sufriendo a través de acciones de «odio» y tensión». «Los familiares sufren acusaciones, nos han rayado los coches y en la escuela, algunos profesores dan mítines a clase», narra el director general de la asociación, mayoritaria dentro de este cuerpo policial.

Tal como explica David Domínguez, desde el mes de octubre, muchos agentes de la Guardia Civil destinados a Cataluña se han marchado, «muchos de ellos, totalmente integrados a aquí», mientras que otros (un 30% de miembros destacados, en el caso de Tarragona) tienen la intención de ser trasladados a otros destinos. Este hecho puede comportar la problemática que, en Cataluña, «nadie quiera venir» y que queden vacantes libres. «Al final, tendrán que traer agentes de forma obligatoria o otros sin experiencia», se queja Domínguez.

Ante esta situación, el Consejo de la Guardia Civil ha pedido al Ministerio del Interior declarar Cataluña «zona de conflicto», la misma que tienen los agentes desplegados en el País Vasco y Navarra. Esta situación comportaría, según señala Domínguez, que los agentes destinados a esta zona percibieran «un pequeño plus» económico en concepto del transporte y la vivienda por el hecho de vivir fuera del territorio donde estarían operando. Ahora, se priva a la espera de que Interior se pronuncie al respecto. El director general del AUGC en Tarragona tiene la esperanza de que la solicitud se resuelva favorablemente, a la vez que lamenta la situación. «Hemos visto como gente con quién nunca habíamos tenido ningún problema y con quién, incluso, habíamos hecho cafés, desde el 1-O se ha radicalizado», añade Domínguez, que asegura que se vive una situación de «hostilidad».

En el caso del Camp de Tarragona, más de un centenar de personas resultaron heridas a raíz de las cargas policiales que se produjeron el 1 de octubre en los centros de votaciones de varios municipios. Desde la Associació Unificada de Guardias Civiles, estos hechos se justifican por la orden judicial que tenían en las manos y que tenían que cumplir con la finalidad de impedir la celebración del referéndum.