Los conversos detenidos en la operación 'Caronte' niegan que planearan atentar y confirman el 'chivatazo' policial

Los tres conversos al islam que han declarado este lunes como imputados al juicio contra una célula yihadista desarticulada por los Mossos en el 2015 en la operación ‘Caronte’ han negado ante el tribunal que planearan atentar en Cataluña y han confirmado el ‘chivatazo’ policial por parte del cuerpo Nacional de Policía que fue denunciada por los Mossos. Lo ha explicado el último testimonio, David Pórtoles Franco –alías Ibrahim- que ha apuntado que agentes del cuerpo policial español pusieron en conocimiento del grupo que había un infiltrado. Todos han apuntado también que era este supuesto infiltrado de los Mossos quien en los encuentros que hacían sacaba a colación cuestiones relacionadas con el terrorismo, con la comisión de posibles atentados y con el Estado Islámico. La Fiscalía sostiene que el grupo había intentado enviar combatientes a Siria y planeaba un atentado en Cataluña así como un secuestro para recaudar dinero.

La cuestión del ‘chivatazo’ policial ya había ocupado previamente los primeros minutos del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra los once detenidos acusados de pertenencia y colaboración con organización terrorista. Las defensas se han quejado del hecho de que la presidenta del Tribunal, Ángela Murillo, no haya incluido al sumario la pieza –declarada secreta- que hace referencia a esta cuestión.

Posteriormente ha hablado a preguntas de la Fiscalía el investigado David Pórtoles, de que ha asegurado que él tenía conocimiento de la presencia de un infiltrado al grupo fruto de la delación de la policía española. Sabía quién era, ha afirmado, por el ‘chivatazo’ del 7 de noviembre del 2014, a pesar de que él, ha afirmado, no lo dijo a nadie por respeto a la propia investigación y desde el convencimiento de que él no había infringido la ley.

Antes había declarado a Jacob -alías Yacoub- Orellana, residente en Valls, y Gonzalo Cabezas, alías Suleiman. Como él, han negado tajantemente la existencia ninguna célula ni que se hubieran planteado la posibilidad de hacer atentados terroristas en Cataluña. Orellana ha apuntado que era el supuesto infiltrado policial, alías Youssef, quien sacaba a colación de manera recurriendo cuestiones relacionadas con el terrorismo, unas acusaciones que también han repetido los otros dos conversos.

Su relato contradice el de la Fiscalía, que asegura que entre los planes de la célula había el de secuestrar a una persona, vestirla de naranja y degollarla ante la cámara. La operación policial –liderada por los Mossos D'Esquadra- para desarticular la célula acabó con once detenidos (uno de ellos menor), nueve de los cuales están en prisión preventiva.

El grupo se hacía decir 'Fraternidad Islámica para la Predicación de la Yihad' y, según la fiscalía, tenía como finalidad adoctrinar y enviar jóvenes en Siria e Irak. Quería atentar en el Estado y había hecho fotos en edificios como el Parlamento, la comisaría de Mossos de la plaza de España o el Hotel Artes de Barcelona. También planeaba secuestrar a una directora de una entidad financiera para financiar la compra de explosivos y armas.

La fiscalía pide penas que van entre 7 y 19 años de prisión. El juicio se alargará hasta marzo. Los Mossos D'Esquadra desarticularon la célula en marzo de 2015, en una operación bautizada con el nombre de 'Caronte'. Tenía estructura piramidal y los investigadores consideran que en lo alto de la organización había Lahcen Z., Rida H y Antonio S. M. Este último, conocido como 'Alí al peluquero', un ciudadano de Sabadell de nacionalidad española convertido al islam.

Para los tres, el ministerio público solicita 19 años de prisión por los delitos de integración en organización terrorista y otro de colaboración con organización terrorista. La fiscalía cree que los tres ejercían su autoridad sobre el resto del grupo.

En un primer término, el grupo quería enviar jóvenes a Siria e Irak pero, como les había fallado esta opción y tres personas enviadas por el grupo habían sido detenidas en Bulgaria, tenían previsto de manera «embrionaria» cometer atentados en el Estado.

Los planes de los terroristas en Cataluña

Según la Fiscalía, una vez la célula había reforzado su adoctrinamiento y tesis, decidieron que el objetivo era atentar en el Estado. Por eso, hicieron diferentes vigilancias e hicieron fotos del Parlament, de la comisaría de los Mossos ubicada en la plaza Espanya de Barcelona y del hotel Artes de Barcelona.

Según la fiscalía, también habían mostrado interés por una sinagoga ubicada en la calle Avenir de Barcelona y también una librería judía ubicada en la ciudad condal.

Entre sus planes, también había el de secuestrar a una persona, vestirla de naranja y degollarla delante de una cámara para demostrar que se puede hacer la yihad en Cataluña, aunque todavía no contaban con un mono naranja, apunta la fiscalía.

Otra opción que tenían ideada era, apuntan las mismas fuentes, secuestrar a una directora de un banco para financiar la compra de explosivos y armas. Una de las jefes de la organización había llegado a comprar explosivos y hacer pequeñas pruebas y explosiones.

Además, disponían de manuales manuscritos de mezcla de sustancias químicas para hacer explosivos, y ya habían recogido sustancias químicas que tenían en sus domicilios para hacer artefactos. También contaban con un «arsenal bélico» que constaba de una granada en perfecto estado, munición, armas de fuego, y gran cantidad de gabinetes de grandes dimensiones. Incluso, disponían de un logotipo para identificar sus acciones y actividades.

Polémica por un «chivatazo» policial

Los Mossos D'Esquadra presentaron una denuncia donde acusaban dos agentes de la policía española de haber advertido la célula desarticulada que a la policía catalana les estaba siguiendo. La Audiencia Nacional archivó la denuncia –siguiendo el criterio de la Fiscalía- y, a pesar de reconocer que había existido este «chivatazo», sostenía que la investigación de los hechos «no había resultado perjudicada por la actuación de personas ajenas al procedimiento».

En el documento de la fiscalía se apuntaba que «no se había incrementado el riesgo de ejecución de acciones terroristas, ni se había producido ningún riesgo para la integridad física del funcionario policial (agente encubierto) que interviene a la causa, el cual ha hecho hasta el final sus funciones de investigación».