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Tribunales

Un abogado de la PAH Baix Gaià es denunciado por coacciones a un juez

La Fiscalía pide tres años de cárcel e inhabilitación para el ejercicio de las funciones jurisdiccionales

La PAH del Baix Gaià se ha hecho eco de la denuncia contra el abogado en las redes sociales.

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El abogado José Ángel Gallegos Gómez, especialista hipotecario y activista por el derecho a la vivienda que representa a un buen puñado de afectados por ejecuciones hipotecarias de la zona del Baix Gaià y del Vendrell se sentará al banquillo de los acusados por un presunto delito de coacciones al juez de primera instancia e instrucción número 6 de Vilanova i la Geltrú, David Cabrera. Se da la circunstancia que, con anterioridad a esta acusación, el letrado había presentado querella contra el titular del juzgado por un presunto delito de prevaricación; la querella, sin embargo, no fue admitida a trámite. Los hechos que han motivado su procesamiento se remontan en el año 2015.

La Fiscalía pide para el abogado tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras dure la condena. Gallegos espera, ahora, que se señale la fecha de la vista por lo que él considera un presunto acto de «venganza», según declara a Diari Més. Por otra parte, José Ángel Gallegos cree que su procesamiento tiene otro componente: «El de ser una advertencia en todos de lo que puede pasar, si acusas a un juez,» apunta.

El supuesto delito de coacción se sustenta en el escrito que el abogado presentó con un expediente de ejecución hipotecaria. En el texto, el letrado advertía que: «Si llegara a tener lugar la subasta sin que el ejecutante aporte el certificado de tasación, mi mandante interpondrá una querella criminal contra los responsables». «El abogado ya tiene experiencia en la interposición de querellas por delitos perpetrados en la tramitación de las ejecuciones hipotecarias y, para su constancia, se aporta copia de la última admitida a trámite por causa de ejecución hipotecaria...», añadía. Gallegos llegó a interponer una querella, pero esta no fue admitida a trámite. «Entonces, el juez en cuestión me presentó una denuncia por, presuntamente, haberlo coaccionado», dice el letrado.

Pone en duda la calificación

El auto de apertura de juicio recopilación que el letrado «intentó influir y presionar las decisiones judiciales a fin de que le resultaran favorables, añadiendo la advertencia de haberse querellado por delitos cometidos en la tramitación de ejecuciones hipotecarias, cuando se han desestimado sus pretensiones en estos tipos de procedimientos».

«Los hechos son ciertos, pero no su calificación. La Fiscalía tendría que explicar la calificación. Un delito de coacciones requiere violencia y fuerza. Este juez tendrá que comparecer como testigo y explicar qué tipo de violencia ha sufrido y si oyó|sintió miedo», destaca al abogado José Ángel Gallegos

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