Lamela deja en libertad con medidas cautelares al vallense Cèsar Puig

La magistrada de la Audiencia Nacional ha dejado en libertad con medidas cautelares el exsecrtari general de Interior y número dos del consejero destituido Joaquim Forn, Cèsar Puig. Ha declarado durante una hora delante de la magistrada Carmen Lamela, que lo ha citado como investigado por dos delitos de sedición por los hechos en la conselleria de Economía del 20 de septiembre y por el referéndum del 1-O. Puig ha declarado después del exdirector de la policía, Pere Soler, que también ha salido en libertad de la Audiencia Nacional. La Fiscalía había solicitado para él la misma fianza de 100.000 euros pero la magistrada lo ha rebajado en medidas cautelares: retirada de pasaporte, comparecencias semanales en el juzgado y prohibición de salir del Estado sin el preceptivo permiso. Tanto Soler como Puig están investigados dentro de la misma causa que el exjefe de los Mossos, el mayor Trapero, y la intendente del cuerpo Teresa Laplana. Tanto Soler como Puig han salido libres después de declarar en la Audiencia Nacional por dos delitos de sedición. La magistrada los cita como investigados a instancias de la Fiscalía en la misma causa abierta contra Trapero y Laplana.

Según fuentes presentes en el interrogatorio, los dos excargos de Interior han alegado que ellos no dirigían operativos policiales. Durante la declaración, Puig –asistido por el letrado Jaume Alonso-Cuevillas- ha insistido en que su tarea como secretario general recayó, especialmente, en cuestiones presupuestarias y técnicas sin relación con la organización de los operativos. Así, Puig sólo asistía a las reuniones cuando afectaban temas presupuestarios, como horas extraordinarias de los agentes.

Algunas fuentes han explicado al ACN que las incriminaciones se basan en «suposiciones». De hecho, han explicado que en algunos correos de Trapero, Puig estaba en copia por si lo afectaban los temas presupuestarios. Puig no detectó ninguna ilegalidad ni en estos correos ni en ninguna reunión, han explicado estas fuentes. El exsecretario general de Interior también ha explicado sus funciones y atribuciones y ha recordado que él no formaba parte de la cadena de mando policial.

La Fiscalía, sin embargo, considera que ambos fueron contribuir a «facilitar» que el referéndum se celebrara. Durante la declaración de Soler, las mismas fuentes aseguran que el ministerio público ha remarcado que Soler era un mando importante del cuerpo y un responsable político y que era «pública» su «inclinación» en favor del referéndum. Además, considera que el exdirector de los Mossos «hizo ver» que se actuaban para evitar el referéndum para «eludir imputaciones penales a los Mossos».

Basándose en la gravedad de las acusaciones y en el hecho que considera que hay riesgo de huida y de reiteración delictiva, la Fiscalía ha pedido a Lamela que fijara una fianza de 100.000 euros para cada uno de los investigados (el doble que para Trapero, que pidió que fuera de 50.000 euros). Sin embargo, Lamela ha rebajado la medida cautelar solicitada por el ministerio público. Ha dictado la retirada del pasaporte para todos dos, comparecencias periódicas en el juzgado más próximo, un teléfono para tenerlos localizados y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial.

Lamela ha recordado que los dos se han presentado a los requerimientos judiciales a pesar de saber los graves delitos imputados y las medidas cautelares contra otros investigados. En más, considera que el hecho que otros investigados hayan huido del país, como Puigdemont o Anna Gabriel, no implica que ellos lo tengan que hacer. También alega que ya no tienen cargos públicos, que la investigación está muy adelantada y por lo tanto no pueden dificultarla, y que tienen arraigo social, familiar y laboral en Cataluña.

En un largo auto de 26 páginas, Lamela repasa muchos de los indicios de la causa contra el Gobierno destituido y la cúpula de Interior como el documento 'EnfoCATs', comunicaciones interceptadas a los Mossos y otros. Así, concluye que la dirección política de los Mossos pretendía simular que se habían intentado parar las votaciones del 1-O, pero en realidad, según Lamela, la policía catalana habría colaborado para que se pudieran hacer e incluso habría «obstaculizado» el trabajo de la policía española y la Guardia Civil, no habría evitado algunas agresiones de votantes a policías y se habría enfrentado e increpado en los antidisturbios españoles.

La magistrada también asegura que el plan|plano propuesto por Trapero a policía española y Guardia Civil para detener el referéndum fue enmendado por los cuerpos policiales españoles y el mando único, Diego Pérez de los Cobos, pero Trapero no lo cambió. Además, la policía catalana habría anunciado sus criterios de actuación por adelantado con la intención de prevenir a los votantes, a los cuales también avisó de los movimientos policiales españoles, dice a la jueza. Tampoco habrían hecho nada para evitar la ocupación de los colegios electorales dos días antes de las votaciones.

Sobre el día del referéndum, dice que las órdenes eran «genéricas y ambiguas», dando mucho margen de actuación al criterio de cada patrulla. Además, el sistema de comunicaciones las moderó, porque estaban muy centralizadas. También se«infrautilizaron» las unidades de orden público, la Brimo y el ARRO.

Lamela también recuerda tuits y declaraciones públicas de Soler a favor del referéndum cuando ya era director general de los Mossos.