Arranca el juicio por los escándalos urbanísticos en Querol

Arranca en la Audiencia de Tarragona el juicio por un supuesto caso de corrupción urbanística en Querol. Se juzgan unos hechos que se remontan a dieciséis años atrás, entre el 2002 y en el 2005. Durante este periodo, dos exalcaldes, Albert Carreño y Miguel Uroz -el primero, inicialmente de CiU y después independiente, y el segundo, del PSC- habrían orquestado una operación urbanística para revalorizar una zona donde se había empezado a hacer una urbanización, en la cual se involucraron cargos públicos, el arquitecto municipal y empresarios. Hay nueve investigados, si bien finalmente sólo seis se sientan en el banquillo de los acusados. Carreño, uno de los principales cerebros de la trama, murió este mes de enero. Uroz, actualmente todavía concejal, ha entrado indignado en los juzgados y ha reivindicado su inocencia durante el inicio de la vista oral. La fiscal pide penas de prisión de 4 años. El juicio durará unas tres semanas y declararán cerca de una veintena de testimonios. Los últimos al hacerlo serán los acusados, los días 17 y 18 de abril.

Según el escrito de Fiscalia, la finalidad de los acusados era «lucrarse mediante la recalificación de los terrenos» y así durante la aprobación de varios planes urbanísticos -se hicieron hasta tres POUM, en el 2002, en el 2004 y en el 2006-, se mantuvieron «reuniones clandestinas» con algunos empresarios, en las cuales asistían a los imputados, y se entregaban sobras de dinero como contraprestación por el incremento de valor que experimentarían las fincas propiedad de los empresarios gracias a los diferentes POUM. Fiscalia puntualiza que la mayoría de reuniones se dieron entre en diciembre del 2003 y en enero del 2005.

El juicio para desgranar toda esta trama se prevé largo y complejo. Este viernes ha sido una jornada técnica, de cuestiones previas, sin declaraciones. Fiscalia ha requerido más información fiscal en relación al valor de la polémica finca del Arboçar, ahora en manos de Solvia, con la cual los acusados se habrían «lucrado» -y que se vendió el año 2005 a la empresa Riecsa-, así como el detalle de las cuentas bancarias desde el 2000 en el 2010 de Uroz y su esposa. Las defensas se han opuesto al considerar la solicitud de «extemporánea» que podría causar «indefensión» de sus clientes y que dilataría todavía más el proceso.

A causa de esta dilación en el proceso judicial, algunos de los implicados en la supuesta trama de corrupción ya no se los puede juzgar. El retraso también ha acabado desencadenando la retirada de la acusación particular de los vecinos -ahora solamente en manos del Ministerio Fiscal, que pide penas de 4 años de prisión y multas de hasta 3,8 millones de euros por los delitos de prevaricación y revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y soborno. Los letrados también han reprochado que Fiscalia ahora vea indicios de delito en la contratación del arquitecto municipal Ricardo Saúl Sánchez Obaya, cuando en el auto de procedimiento abreviado no se recogía así.

En un momento que el juez ha preguntado este viernes a los acusados si entendían por qué eran juzgados, Uroz rápidamente ha respondido no reconocer qué se le imputa para que ni él ni los demás han hecho nada, ha dicho, y que hay un juicio «porque me han denunciado cuatro señores». En la salida, en declaraciones en el ACN, Uroz ha reiterado su inocencia. El actual alcalde, Jordi Pijoan, de Coalición de Independientes por Querol, también declarará en este juicio -en concreto, el día 10. Entonces, Pijoan lideraba la Plataforma Salvamos Querol, formada por vecinos y la entidad ecologista Gepec, que denunció los hechos.

El escándalo urbanístico llegó a los juzgados de Valls el año 2010 que vio indicios de corrupción y remitió la documentación en la Audiencia de Tarragona. En la Audiencia, sin embargo, el juicio previsto en verano pasado se tuvo que posponer porque no se habían podido citar buena parte de los testimonios. Ahora finalmente se ha podido celebrar el juicio. Los letrados de Uroz y de un empresario, Miguel Ten, han preguntado si sus clientes pueden comparecer sólo los días imprescindibles alegando motivos de desplazamiento y salud. El juez les dará respuesta el próximo lunes, a partir de las diez de la mañana, cuando se reanudará el juicio.

Los hechos

El origen del conflicto se encuentra el 18 de diciembre de 2004, cuando el Ayuntamiento de Querol aprobó el Plan de Ordenación Urbana Municipal, documento que preveía crear a la urbanización el Arboçar 550 parcelas urbanizables, una cifra que se ampliaría hasta situarse en las 1.400 viviendas.

De hecho, fue a través de un pacto que habrían suscrito sin pasar por lleno el entonces alcalde, Albert Carreño, y el concejal de Urbanismo, Miguel Uroz, con representantes de la empresa Viviendas Vinyols Mar S.L. (Havimar), donde se habría acordado desarrollar el proyecto urbanístico, abaratando costes de urbanización, concretando las viviendas y reduciendo las superficies mínimas para aumentar el número de inmuebles y también el valor del terreno.

El guion previsto era que Riecsa, propietaria del Arboçar, lo vendería por un precio bajo a Havimar, y posteriormente, Havimar revendería a otras sociedades, con el precio revalorizado. Y así se hizo: el suelo inicialmente fue vendido por 66.632 euros, mientras que a posteriori se cerró una nueva operación de compraventa por 3.800.000 euros. Así, una sociedad mercantil se embolsó más de 3 millones de euros.

Para no levantar sospechas y evitar cargas fiscales, se falsificaron fechas de documentos. En estos movimientos también se implicaron el antiguo arquitecto municipal y redactor de los POUM, Ricardo Saúl Sánchez Obaya -imputado por un presunto delito de revelación de informaciones y uso de información privilegiada-, el exconcejal socialista Francisco Blanco -imputado como presunto autor de un delito de prevaricación-, y los empresarios de Havimar, Miguel Ten -imputado para utilizar información privilegiada- y Alícia Barceló -por|para un presunto aprovechamiento de información-, y de la empresa Riecsa, Jordi Riera -presunto autor de un delito de falsificación de documento privado y contra la Hacienda Pública. Este último se enfrenta también a penas de prisión.

La operación urbanística, además, también habría generado comisiones irregulares. Así se recoge en los documentos judiciales y en los cuales se indica que Josep Maria Barceló, hoy muerto pero entonces administrador único de Havimar, habría entregado a Antonio Altés, también traspasado pero que en aquel momento actuaba como asesor del Ayuntamiento de Querol, un total de 30.000 euros en concepto de comisión para el consistorio.