La fiscalía retira la petición de prisión para el exalcalde de Querol

Visto para sentencia el juicio por el caso de corrupción urbanística de Querol. La fiscalía ha retirado la petición de cuatro años de prisión para el exalcalde y exconcejal de Urbanismo Miguel Uroz y finalmente lo ha rebajado a seis meses de inhabilitación de cargo público por el delito de prevaricación en grado de tentativa -se le había acusado de soborno y tráfico de influencias. El ministerio público, por otra parte, mantiene la petición de prisión para un promotor urbanístico, Jordi Riera, a pesar de que rebajada a dos años, por los delitos de prevaricación en grado de tentativa, falsedad en documento oficial y usurpación de funciones públicas. De hecho, en este dilatado proceso judicial que se remonta a una operación urbanística entre 2002 y 2007, la fiscalía sólo mantiene acusación para|por dos de los nueve acusados en un principio. Sobre el resto, tres son difuntos, en dos prescribió la responsabilidad y dos más han visto cómo la fiscalía los retiraba los cargos, en conclusiones finales.

La fiscal ha reconocido que aquellos que más se beneficiaron de este escándalo urbanístico no han estado presentes en este juicio. En este sentido, la fiscalía ha rebajado considerablemente la petición inicial de penas. Sobre Uroz sólo pide su inhabilitación por cargo público durante seis años por dos delitos de prevaricación en grado de tentativa -en relación a las aprobaciones iniciales de dos POUM, el año 2004 y 2006, que quedaron parados. La fiscal le ha retirado las otras acusaciones, de soborno, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada.

Según la fiscal, Uroz «quería favorecer empresarios aprovechando el nuevo planeamiento», pero no se han encontrado «pruebas suficientes» de traspasos de dinero entre estos y miembros del gobierno. Con respecto al promotor Jordi Riera, aparte de la pena de dos años de prisión, se pide inhabilitación por cargo público durante un año y medio y 2.100 euros de multa. La fiscal cree que no hay indicios que el empresario cobrara más de la cuenta cuando vendió la polémica finca del Arboçar -más allá de liquidar la deuda-, pero sí considera que se falsificó el contrato de compraventa.

Inicialmente el suelo fue vendido por 66.632 euros, mientras que a posteriori se cerró una nueva operación de compraventa por 3.800.000 euros, y sólo un mes después de la venta el plan preveía la construcción de 1.400 viviendas. La fiscal ha recordado que «todos estos cambios tan trascendentes que convertían a un municipio de 350 habitantes en una masificación de urbanizaciones comportaron la oposición de vecinos y truncaron los planes».

Hay que tener en cuenta que Uroz y Riera, inicialmente, se enfrentaban a penas de prisión y multas de 3,8 millones de euros. La fiscalía ha tenido en cuenta el atenuante de dilaciones extraordinarias que rebaja un grado la pena en delitos especiales, como la prevaricación. Por otra parte, han quedado exculpados el exconcejal socialista Francisco Blanco y el antiguo arquitecto municipal, Ricardo Saúl Sánchez Obaya, que ha sido el último -de los cuatro acusados- al declarar.

Miguel Uroz, al cual el juez le ha tenido que llamar la atención porque usaba el teléfono móvil en la sala, mientras se celebraba el juicio, ha aprovechado para dirigir unas palabras finales, entre lágrimas. «Nunca he dicho una mentira, llevo 27 años en el Ayuntamiento, no hay nadie más honrado que yo en el mundo,» ha dicho. El juicio, que arrancó el 6 de abril, con una interrupción temporal por investigar más a fondo los cuenta bancarios de Uroz, queda ahora visto para sentencia.