Fiscalia pide la archivación del caso sobre la construcción del CAP Vila-seca

La Fiscalía Provincial de Tarragona ha pedido el sobreseimiento y la archivación de las actuaciones judiciales contra el alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, la concejala de Urbanismo, Manuela Moya, y el arquitecto municipal, Rafael Bertrán, por presuntas irregularidades en la construcción del CAP-CAR de Vila-seca. La causa se centra en el cobro de 68.121 euros en concepto de asesor de las obras por parte del arquitecto Jorge Batesteza, también investigado por esta causa y por el caso Innova de Reus, y por el hecho de que el encargo se fraccionara en diferentes contratos y se convocara concurso público.

Según la petición de la Fiscalía Provincial, «no hay sospecha que la contratación del arquitecto fuera forzada, no sólo por su trayectoria profesional, sino porque ha quedado acreditado en las actuaciones que los honorarios que percibió fueron totalmente proporcionados a la envergadura de la tarea realizada». Según la Fiscalía Provincial, Batesteza actuó como project manager en la supervisión de las obras del CAP-CAR Vila-seca y los mencionados trabajos se realizaron de manera satisfactoria para el interés general, cobró honorarios ajustados a los parámetros del colegio de arquitectos». Contribuyó, según concluye Fiscalía Provincial, en la que la obra no excediera el presupuesto fijado por la administración autonómica. El coste final fue de 8.093.819 euros. De hecho, la obra resultó, finalmente, con un coste más económico que el que calculó inicialmente. Descarta así, que existiera ningún perjuicio económico para las arcas públicas, sino que estas salieron bien paradas.

Con respecto al fraccionamiento de los contratos por los servicios de Batesteza, la Fiscalía Provincial recoge que «dada la complejidad y la envergadura de la obra, era imposible su entera ejecución desde un inicio, (...) el más arriesgado habría sido el contrario, con el consiguiente peligro de incurrir en gastos innecesarios y con perjuicio por|para las arcas públicas». Por otra parte, la Fiscalía Provincial pone el acento en la forma como se efectuaron los pagos de los trabajos realizados por Batesteza. Estos pagos se hicieron a lo largo de un periodo de tiempo correlativo a los trabajos realizados efectivamente, por lo cual descarta un presunto delito de prevaricación. Precisamente, una de las notas que caracterizan la comisión del delito de prevaricación sería que los pagos, que generalmente no obedecen más que a la voluntad del funcionario o autoridad, sin correlación con los servicios prestados, se hacen una vez o, incluso, en fecha anterior a la firma del contrato en cuestión, argumenta la Fiscalía.

Por otra parte, según recoge la Fiscalía Provincial, no consta acreditado que Josep Poblet, Rafel Bertrán y Manuela Moya hubieran acordado, con carácter previo, encargar a Jorge Batesteza la supervisión del proyecto de construcción del nuevo CAP de Vila-seca con finalidades falsas, en contra del interés general o para su beneficio personal. «Tampoco ha quedado acreditado que Jorge Batestez hubiera sido escogido por haber tenido cargos anteriores al Servicio Catalán de la Salud y, de acuerdo con eso, influir de alguna manera, facilitar o agilizar trámites ante la Generalitat de Catalunya», añade la petición de archivación de Fiscalia.

Ante la solicitud de sobreseimiento del caso, Josep Poblet ha declarado que «siempre hemos dicho que las cosas se hicieron bien y que había que tener confianza en la justicia y en el buen final de estas actuaciones». «Por lo tanto, es lógico que el Ministerio Fiscal reconozca la corrección de nuestros actos en relación a la construcción del Centro de Salud de Vila-seca», ha añadido.