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Un panel con 30 expertos habrá de cerificar oficialmente que los vinos respetan los perfiles de las DO

El Gobierno aprueba el proyecto de ley vitivinícola de Cataluña, que «pone al día» la que está vigente desde el 2002

Imagen de una jornada con cata de vinos del Priorat.

Un panel con 30 expertos habrá de cerificar oficialmente que los vinos respetan los perfiles de las DOCRDOQ Priorat

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El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley vitivinícola de Catalunya que ya está lista para iniciar la tramitación parlamentaria. El nuevo marco normativo «pone al día» la ley vigente desde el 2002 para adaptarla a la europea con el objetivo de seguir profundizando en las garantías de calidad de los vinos catalanes. De la nueva ley, el director del INCAVI, Salvador Puig, destaca que servirá para que el sector «tenga claras las reglas del juego» y para mejorar los mecanismos de control para ser más eficaces en la lucha contra la competencia desleal y el fraude, por ejemplo. Además, la actualización de la ley mejorará la regulación vitivinícola catalana, que a partir de ahora dará cobertura con rango de ley a aspectos como las autorizaciones de plantación o replantación de viñas que hasta ahora se regulaban vía decretos aplicando la normativa europea o española. «Hasta ahora atot se regulaba desde Europa y ahora también quedará reflejado a la ley catalana», ha añadido Puig.

La aprobación de esta ley quedó parada la pasada legislatura en la fase final de aprobación, después de haberse debatido y consensuado, en gran parte, con el sector, en varias reuniones con las organizaciones representativas y empresariales, a la Mesa sectorial de la Viña y el Vino, y haber tenido el visto bueno del Consejo de Trabajo Económico y Social. El Objetivo del Gobierno se que la norma quede finalizada y aprobada en este periodo legislativo.

Salvador Puig, director del INCAVI, que seguirá siendo el organismo autónomo administrativo del DARP dedicado al sector vitivinícola catalán, ha señalado que la nueva normativa actualiza «una buena ley» como es la del 2002 que ha permitido que el sector del vino en Catalunya haya seguido creciendo en plena crisis. También puntualiza que «no incorpora nuevas obligaciones ni dificultará el trabajo de nadie» porque lo que persigue es que Catalunya cuente con una ley específica por el sector «donde todo quede bien claro y definido».

Uno de los aspectos en los que más incide la nueva ley es al garantizar la calidad de los vinos catalanes amparados en las 12 Denominaciones de Origen (DO) catalanas (95% del total). El objetivo es hacer más estrictos los controles y las inspecciones «en beneficio del sector» a fin de que los consumidores «tengan claro qué compran». Así, a través del Consorcio de Inspección y Control se seguirán haciendo las auditorías anuales de las DO para garantizar que cumplen con los pliegos de condiciones y se pondrá en marcha el panel de cata oficial de vinos de Catalunya, una iniciativa conjunta del INCAVI y las DO con el apoyo|so rte del IRTA, donde 30 personas escogidas de entre un centenar y formadas durante dos años certificarán si los vinos respetan el perfil de las diferentes DO.

Con respecto a la mejora de la regulación vitivinícola catalana, la nueva ley prevé regular por primera vez las autorizaciones de nuevas plantaciones, un aspecto que hasta ahora se amparaba en leyes europeas y que ahora quedará claramente definido. A día de hoy sólo pueden plantar nuevas viñas a los propietarios de terrenos donde antiguamente había habido y que se arrancaron o los que piden permiso al Estado que, en función de unos baremos, decide quién puede hacerlo y quién no.

A pesar de celebrar que se regule por primera vez, Salvador Puig ha lamentado que Catalunya no tendrá voz en este aspecto porque el Estado ha optado «por una aplicación muy centralista». Aquí, ha explicado que anualmente se autoriza un incremento de un máximo del 1% de la superficie de viñas, en torno a unas 50.000 hectáreas, que se regula de forma global en todo el territorio español sin tener en cuenta las particularidades de las diferentes zonas productoras. «Catalunya, a pesar de tener competencia casi exclusiva en agricultura, en este punto puede incidir poco», ha lamentado.

Sobre el trámite parlamentario para la aprobación definitiva de la ley, Puig prevé que no sea muy complicado teniendo en cuenta que lo que hace la nueva norma se adaptar la normativa europea.

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