Los alcaldes de Querol, Mont-ral y Pontils, al acecho de las 'raves'

Los alcaldes de Querol y Mont-ral, al Alt Camp, y de Pontils, en la Conca de Barberà, están atentos a posibles fiestas ilegales que se puedan organizar en sus términos municipales, como ha pasado en años anteriores. Los Ayuntamientos han arreglado algunos de los espacios donde anteriormente se han celebrado 'raves' para impedir que se vuelvan a repetir. Con todo, admiten que es complicado poder frenar este tipo de acontecimientos porque «no se pueden poner puertas en el campo», según ha explicado al ACN el alcalde de Mont-ral, Francesc Xavier Pagès. Organizar fiestas 'ravs' sin permiso comporta una infracción administrativa grave. En los últimos cinco años, se ha dado curso a una veintena de multas y dos más -correspondientes a este año y el anterior- están en vías de trámite por Juegos y Espectáculos de la Generalitat. Según fuentes de los Mossos de Esquadra, por ahora no existe ningún protocolo de actuación concreto cuando se detecta una fiesta ilegal, a pesar de que sí que se activan dispositivos de control de alcoholemia en la zona y se intenta averiguar quiénes son los responsables.

Sólo este año, en Tarragona se han celebrado tres 'raves'. En enero, se organizó una en el Pla de Santa Maria, en el Alt Camp, y en marzo hubo dos más en Vespella de Gaià, en el Tarragonès, y en Querol. De hecho, en zonas boscosas de esta población se han registrado varias fiestas ilegales, entre las cuales una a en octubre del 2016, que se vio afectada por la lluvia, y la de Sant Joan del 2017, que reunió a 500 personas y en el que los Mossos acabaron levantando un acta administrativa a los organizadores de la 'rave'.

Jordi Pijoan, alcalde de Querol, ha explicado al ACN que, conjuntamente con el propietario de la finca donde se había registrado una fiesta ilegal, decidieron excavar unas zanjas para dificultar el acceso a los vehículos. «Es impracticable aquel campo para hacer actualmente una 'rave'», ha afirmado Pijoan, que ha explicado que intentan «poner las cosas al máximo de difícil para que no se vuelvan a producir». Sin embargo, admite que los organizadores de fiestas ilegales lo tienen fácil para encontrar otros espacios en la zona.

«La imaginación de las personas que lo organizan sobrepasan lo que puedes esperar», ha asegurado el alcalde de Mont-ral, Francesc Xavier Pagès, que ha subrayado que siempre están «al acecho» de la convocatoria de acontecimientos parecidos. Sin embargo, ha lamentado que no tienen las herramientas para hacer frente, dado que no pueden obligar a los propietarios a cerrar todas las fincas. Como a Querol, en Mont-ral también emprendieron medidas y dificultaron la entrada a una zona de pedreras abandonadas, donde el Fin de Año de hace dos años se organizó una fiesta que se alargó cinco días y reunió a medio millar de personas. En aquella ocasión, los Mossos de Esquadra limitaron los accesos a la zona y acabaron identificando al responsable y decomisando material acústico.

Pero aparte de las molestias de la fiesta, a los municipios les preocupa el entorno o sus consecuencias. Es lo que expresa la alcaldesa de Pontils, Sara Janer, que hasta hace poco no había sufrido en propia piel las fiestas ilegales, y que ha afirmado que no le molesta «tanto la fiesta como las consecuencias de alguna colilla que pueda provocar un incendio o la gente bebida por las carreteras». En este sentido, critica que «no es demasiado lógico» que la policía catalana «no pueda hacer nada una vez está activa la 'rave'». Aunque hace tiempo que están «tranquilos», sin la celebración de ninguna fiesta ilegal, «están a la espera de como pueda avanzar» esta problemática.

Una veintena de sanciones tramitadas desde el 2013

En cinco años, en la demarcación de Tarragona se han tramitado una veintena de sanciones relativas a fiestas ilegales. Las comisarías de referencia son las encargadas de dar el aviso a las unidades regionales de la Policía Administrativa (URPA), que a la vez, son las que gestionan esta situación y tratan de localizar al promotor de la fiesta ilegal. No obstante, el procedimiento se tramita desde el organismo del gobierno catalán de Juegos y Espectáculos.

La jefa de los servicios territoriales, Anna Maria Oliach, ha explicado al ACN que el 2016 fue el año con el registro más elevado de multas, con hasta ocho sanciones tramitadas. En el 2015, se cursaron seis, mientras que el 2013 se registró una y en el 2014, tres. Con respecto a los expedientes de este año y el anterior, todavía no son firmes y están pendientes de iniciar el periodo de pago, según datos del organismo territorial.

Según Oliach, se han cobrado tres expedientes por la vía voluntaria que suman 4.402 euros. De manera desglosada, 2.400 euros corresponden al año 2016, 1.001 euros en el 2014 y 1.001 euros más en el 2013. De la veintena de expedientes tramitados durante los últimos cinco años, se ha sobreseído uno, mientras que «el resto han pasado en la vía de apremio» y Oliach reconoce que ha acabado perdiéndoles la pista.

Organizar fiestas ilegales se trata de una infracción tipificada a la ley como falta grave y se sanciona a partir de 1.001 euros y con un techo máximo de 10.000 euros. En el caso de reincidencia, las multas se podrían subir hasta los 20.000 euros. Ahora bien, Oliach ha reconocido que «no se suelen sancionar con cifras tan elevadas». Las sanciones también varían en función del aforo y de las molestias ocasionadas.

Oliach ha explicado que, si hay un recurso de alzada interpuesto, hay que esperar la resolución. Una vez resuelto, ya se puede iniciar el periodo de pago voluntario. Los sancionados disponen de cerca de un mes para pagar las multas, ya que las notificaciones se hacen entre el 1 y el 15 de cada mes y el pago voluntario se hace efectivo el día 20 del siguiente mes.