«El 17-A refuerza la convicción de que hay que trabajar desde la prevención»

Aunque la radicalización de los terroristas de Barcelona y Cambrils no encendió ninguna alarma en su entorno, los atentados del 17 de agosto no significaron una «ruptura» en el trabajo de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, sino que les mostraron que hay que seguir trabajando «desde la prevención y la detección». El 17-A refuerza la «convicción» que el «ataque a los extremismos violentos tiene que ser interdisciplinario y coordinado con todos los servicios que intervienen en la ciudadanía». Así lo explica el jefe de la Unidad de Radicalizaciones de los Mossos D'Esquadra. El cuerpo policial trabaja desde el 2011 en procedimientos sistematizados para prevenir y detectar procesos de radicalización y para cómo intervenir. Son los llamados PRODERAE y se han enfocado en tres ámbitos: el de las policías locales y los agentes de seguridad ciudadana de los Mossos; en el educativo y el penitenciario. En una entrevista con la ACN, el jefe de la Unidad de Radicalizaciones señala que también les preocupan las «conductas islamófobas y xenófobas» por la «dimensión futura que pueden tener» y porque, precisamente, son un «caldo de cultivo» para la captación de los yihadistas. «Tenemos muy claro que son dos tendencias que comparten el objetivo de polarizar la sociedad y en cierta manera se retroalimentan», afirma.

Después del 17 de agosto del año pasado, los Mossos trabajaron «muy intensamente» en la revisión de los perfiles personales de los miembros de la célula terrorista y observaron «algunos componentes que hasta ahora se habían apreciado en menor medida» en autores de otros atentados, como una influencia previa de ideología o religiosidad «mucho menos marcada que en otros casos». El jefe de la Unidad de Radicalizaciones, que prefiere que no se publique su nombre, puntualiza que aunque se trata de personas que se encontraban en un mismo lugar y en un mismo momento y cometiendo los mismos atentados, «no quiere decir que internamente sufrieran el mismo proceso de radicalización violenta». «Algunos se podían encontrar allí por convencimiento y otros por dinámicas grupales. Se pueden dar procesos de radicalización muy diferentes en una misma célula», afirma este miembro de la Comisaría General de Información de los Mossos, que destaca las relaciones de hermanos y de vecindad que tenían: «Hay relaciones heredadas previas a la pertenencia al grupo terrorista».

El jefe de la Unidad de Radicalizaciones afirma que se tiene que abrir «el punto de mira» para prevenir las radicalizaciones y en este sentido destaca que las detenciones no representan el final de estos procesos que implican acabar asumiendo la violencia. Desde el punto de vista de la detección, los Mossos trabajan en los PRODERAE, enfocados a profesionales que están «en contacto permanente con la ciudadanía» y que «pueden detectar cambios que indiquen procesos de radicalización». Los primeros pasos de estos planes se remontan en el 2008 pero los procedimientos se sistematizaron a partir del 2011. «Como extensión del modelo de proximidad de los Mossos, la intención es atacar los extremismos violentos de una manera preventiva desde el punto de vista de la detección», dice.

Este responsable de la Comisaría General de Información afirma que el fenómeno terrorista de raíz yihadista es «altamente preocupante» pero destaca que trabajan con un enfoque «abierto» para detectar cualquier tipo de extremismo violento, como son también las conductas islamófobas. «Hay una conexión bastante rápida entre un atentado terrorista y el resurgimiento de estas conductas, que hacen aumentar las posibilidades de éxito en la captación por parte de los yihadistas», subraya, para insistir: «Cuando un colectivo se siente atacado injustamente, es un buen caldo colectivo para que los captadores lleven a estas personas hacia el uso de la violencia».

En las comisarías y en las escuelas

Los PRODERAE se han desarrollado en el ámbito policial, en el educativo y en el penitenciario. Constan de una etapa de formación de los profesionales, para capacitarlos y sensibilizarlos sobre los extremismos violentos, y posteriormente, se crean órganos conjuntos de trabajo para evaluar posibles casos de radicalización y coordinar las intervenciones. La actuación policial es el último peldaño; la prioridad es la intervención desde una vertiente más social. «La detección temprana de casos permite un abanico de intervención muy amplia», valora el jefe de la Unidad de Radicalizaciones. «Lo que es relevante es la evolución de los casos que seguimos a lo largo del tiempo», añade.

Con respecto a los ámbitos de ejecución de los PRODERAE, los Mossos D'Esquadra han formado a 6.000 policías locales y 11.000 agentes del propio cuerpo en las comisarías. El objetivo es darles herramientas para la detección de posibles casos de procesos de radicalización. Las Oficinas de Relaciones con la Comunidad (ORC) tienen una importancia «primordial» en este ámbito.

En las escuelas, en coordinación con el Departamento de Enseñanza, se han formado unas 5.000 personas de los equipo directivos de los centros y personal especializado en el ámbito psicopedagógico e intercultural para que transmitieran los conocimientos en los claustros. Si se detecta algún posible caso, ya hay establecidos los órganos de trabajo adecuados para coordinar las intervenciones. En este ámbito de las escuelas, también se trabaja para prevenir la «irrupción de conductas que puedan desembocar en extremismos violentos», de corte yihadista o bien islamófobo, especialmente los días posteriores de un atentado.

Ámbito penitenciario

El director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, Amand Calderó, explica en una entrevista con la ACN que hay tres vías para empezar a hacer el seguimiento de un interno: los preventivos o condenados por terrorismo, que en Cataluña son pocos porque son competencia de la Audiencia Nacional y se suelen quedar en prisiones del resto del estado; los que ya son seguidos por los cuerpos policiales e ingresan por delitos comunes, y los que detectan directamente a los funcionarios de prisiones. Este seguimiento se hace de forma «discreta» y sin que el interno lo pueda detectar. Además, el seguimiento «no tiene que implicar ninguna alteración en el régimen penitenciario del interno, ni ninguna estigmatización ni ninguna etiqueta», afirma. El primer protocolo se hizo en el 2011 y en el 2015, a raíz de los atentados en París contra Charlie Hebdo se convirtió en el PRODERAI. Después, se ha acabado nombrando PRODERAE, con referencia a procesos de radicalización 'extremistas' y no sólo de raíz 'islamista'. Según los Mossos, se han formado unos 2.000 funcionarios de Justicia.

A partir de aquí hay una evaluación de riesgo, y en función de la evaluación hay tres niveles de seguimiento: el primer nivel son casos con información bastante general; el segundo se activa cuando hay algún indicador concreto de radicalización; y el tercero implica que hay varios indicadores de radicalización o una condena por terrorismo, y comporta un seguimiento «más intensivo». No obstante, admite que en algún caso se han tenido falsas sospechas de alguien y se lo ha dejado de seguir cuando se ha constatado que no se estaba radicalizando.

A las personas bajo seguimiento, se les aplican programas de intervención, como el resto de presos. Calderó destaca la importancia de este protocolo en el caso de los más jóvenes, que son los más vulnerables, y que se incluyen en el programa Raíz. En cambio, dice que hay muy pocas mujeres radicalizadas. Aunque actualmente Justicia ya tiene un convenio con el Consejo Islámico de Cataluña para supervisar la acción de los imanes que entran en las prisiones, el hecho de que la Dirección General de Asuntos Religiosos haya pasado a formar parte de la Conselleria de Justicia podrá facilitar estos contactos.

Para Calderó, también es muy importante el seguimiento que se hace de estos presos una vez empiezan a salir de la prisión con permisos o en libertad condicional, tanto por parte de los Mossos d'Esquadra como de las entidades culturales y servicios sociales. De hecho, las entidades también forman a los mediadores comunitarios y culturales para detectar posibles radicalizaciones. El director general remarca que la formación de los profesionales penitenciarios es «fundamental» para que conozcan los protocolos y los indicadores de radicalización en los cuales tienen que estar atentos. El departamento formó inicialmente a unos 500 trabajadores, tanto del ámbito de seguridad como el de rehabilitación, y ahora la formación se está ampliando al resto. De hecho, todos los nuevos trabajadores de las prisiones ya tienen esta formación. Además, quiere ofrecer una formación más específica a los psicólogos y educadores.

Sobre la colaboración con otras administraciones, dice que la relación con el Ministerio del Interior español es «muy profesional» y comparten información y estrategias de trabajo. A nivel europeo, se comparten conocimientos y la Generalitat participa en varios programas continentales. En concreto, participa en el programa Local Institutions Against Extremism (LIAISE) que se hace en colaboración con el Foro Europeo para la Seguridad Urbana (EFUS) y con la Confederation of European Probation (CEP). Este programa tiene como objetivos prevenir la vulnerabilidad a la radicalización a través de las familias, un plan de formación para trabajadores sociales penitenciarios, y la elaboración de la guía de prevención de la radicalización. También participa en el programa Prepadre (Preventing radicalisations thoug probation and release), que también se hace en colaboración con EFUS. Este programa tiene como principales misiones trabajar la transición prisión-comunidad en internos vulnerables o con indicios de radicalización y hacer un plan de formación para personal de rehabilitación con un programa de desradicalización y de mentores.