Ecologistas reclaman al Gobierno que apueste por la liberación total de la autopista y descarte la construcción de la A-7

Grupos ecologistas de las Terres de l'Ebre y el Baix Maestrat reclaman al Gobierno que apueste de forma decidida por la liberación total de los peajes de la autopista AP-7 y renuncie de forma expresa a la construcción de la autovía A-7. En un comunicado conjunto, las entidades conservacionistas GEPEC, Picampall, APNAL-Ecologistes en Acció Vinaròs, Ecologistas del Sènia, Salvem lo Montsià, Graëllsia y SEO han lamentado el «cambio de posicionamiento» del ejecutivo expresado en las recientes demandas del delegado del Gobierno en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, reclamando la construcción de la autovía, proyectada por el Ministeri de Foment y que discurriría de forma paralela a la vía de peaje. Consideran que la A-7 supondría «seguir trinchando el territorio» y acusan a la Generalitat de defender los intereses del concesionario de la autopista y las constructoras.

Justo después de que se haya acabado poniendo en marcha el desvío obligatorio de camiones por la autopista con bonificaciones parciales de los precios de los peajes, los conservacionistas consideran «preocupante» y «mal intencionada» la demanda de Pallarès sobre la autovía porque, suponen, el abandono de «promesas y demandas hechas por el mismo Gobierno ahora hace unos meses», cuando reclamaba la liberación de la autopista AP-7 una vez finalice la concesión en diciembre de 2019.

«Sorprendentemente, parece como si, ahora, nuestro Gobierno opta por no pedir liberar la autopista y seguir trinchando el territorio», han argumentado, reclamando valentía al ejecutivo para mantener los compromisos anteriores al respecto. Según insisten, la A-7 no es una reivindicación del territorio, «como mínimo de una parte importante», que pide «liberar la autopista» y su gratuidad, descartando una autovía que seguiría «descuartizando» la zona.

«Nuestro Gobierno se quita finalmente la máscara. Finalmente, decide, por una parte, seguir defendiendo los intereses de la concesionaria AP-7, que seguirá haciendo negocio con una infraestructura que ya tendría que ser gratuita y, por la otra, defendiendo los intereses de las constructoras de las obras públicas que se lucrarán con la construcción de la A-7 -que actualmente llega a Vandellòs y l'Hospitalet de l'Infant, por el norte, y Vilanova d'Alcolea, en el sur-, a costa de sacrificar el territorio. Casualmente, las empresas concesionarias de la AP-7 y las interesadas a hacer la nueva autovía acaban siendo las mismas», indican. Los ecologistas también destacan el papel del nuevo subdelegado del gobierno español en Tarragona, Joan Sabaté, como uno de los promotores del proyecto de la autovía. «Parece como si la Generalitat y el gobierno central han sabido trocar un punto de confluencia de los intereses de las grandes empresas del Ibex 35», subrayan.

Según el comunicado, el hecho de que la autopista pueda continuar en manos privadas con una renovación de la concesión obligaría a los usuarios a seguir pagando y «agrandar los numerosos beneficios» de las empresas que las explotan, mientras que la N-340 se seguirá degradando, dando argumentos para construir la autovía. Eso, añaden, supondría una «duplicidad de grandes infraestructuras», con la consiguiente duplicación del coste de mantenimiento. Inicialmente, el tramo de la autovía tenía un coste previsto, en el 2007, de 272 millones de euros. Recuerdan que, en el caso de ponerse en marcha, si el tráfico acabara optando por la vía gratuita, como sería previsible, podría conducir a un millonario rescate estatal de la autopista.

Los conservacionistas también alertan de los impactos que la A-7 provocaría en el territorio, partiendo el plan de la Galera, «el mayor paisaje de olivo fragua de Europa con muchos olivos monumentales», un paisaje agrícola de «valor incalculable». También afectaría «muy negativamente» espacios protegidos por la Red Naturaleza 2000, como los Secanos del Montsià, donde nidifica el aguilucho cenizo, que tiene en la zona la segunda población más importante de Cataluña. «Estamos hablando de un territorio que disfruta de un reconocimiento mundial», en referencia a la Reserva de la Biosfera: «este hecho tendría que suponer una actuación muy cuidadosa con todo aquello que lo pueda afectar».