Absueltos los encausados en el escándalo de corrupción urbanística en Querol

La Audiencia de Tarragona ha absuelto a los dos encausados en el supuesto caso de corrupción urbanística de Querol. El exalcalde Miguel Uroz, que sigue siendo concejal en el municipio, y el empresario Jordi Riera eran los dos únicos acusados de los nueve que había inicialmente en este dilatado proceso judicial por una operación urbanística que se remonta entre 2002 y 2007. Se les acusaba de prevaricación en grado de tentativa y, en el caso de Riera, también por falsedad en documento oficial y usurpación de funciones públicas, con pena de prisión. Ambos, sin embargo, han quedado finalmente absueltos, según la sentencia en la cual ha tenido acceso ACN. El abogado de Uroz se ha mostrado satisfecho y ha recordado que su cliente siempre manifestó su inocencia.

La sentencia resuelve la absolución de los dos acusados porque «los hechos probados no son constitutivos de un delito de prevaricación administrativa en grado de tentativa». En relación a cuya falsedad documental se acusaba Riera, se considera que ha prescrito, y también lo absuelve de usurpación de funciones públicas.

Según la sentencia, en el municipio se aprobaron planes urbanísticos (POUM) los años 2004 y 2006. «Si bien es cierto que en estos proyectos iniciales se producía un incremento muy relevante de la posibilidad de edificación, incrementándose de forma exponencial y desaforada el número de viviendas para una población rural como Querol, no se puede establecer que esta intencionalidad política, plasmadas en los proyectos iniciales de 2004 y 2006, fueran propias de un delito de prevaricación administrativa», expone. A la vez añade que, en el supuesto de que estos planes urbanísticos vulneraran la ley, se trataba de «meros actos de trámite».

La sentencia absolutoria entiende que genere «sospechas» el incremento a nivel urbanístico durante aquel tiempo, que fue «sorprendente», y que también «sorprenden» las donaciones hechas por parte de propietarios de fincas que querían expandir la actividad urbanística, pero que no queda acreditado que se vulnerara ninguna norma o que las donaciones fueran «finalistas», es decir, que pretendieran conseguir un POUM afín a sus intereses. En este sentido, insiste en que los planeamientos no concurren en ninguna «ilegalidad» y que eran «manifestaciones de voluntad política» de los cargos electos de aquellos años -unos planes que finalmente no prosperaron.

También niega que el empresario Jordi Riera sea culpable de usurpación de función pública y que cogiera un sello del Ayuntamiento para estamparlo en un contrato de compraventa privado con el fin de oficializarlo o que fuera coautor de este delito que prevé penas de uno a tres años de prisión y que, en todo caso, habría prescrito.