Gobierno
La ley de ordenación litoral prevé un nuevo cànnon en bares y restaurantes
También fijará cuántas instalaciones y de qué tipo puede acoger cada tramo de playa a los municipios de costa
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La futura ley de ordenación del litoral incluirá un nuevo canon que cobrará la Generalitat a los restaurantes y otros establecimientos que ocupan permanentemente el litoral. Se prevé recaudar en torno a medio millón de euros, que se revertirán «íntegramente en financiar acciones de mejora de la costa», según el conseller de Territori, Damià Calvet.
Este canon convivirá con el que ya impone el Estado pero se introducirá en «combinación» con los impuestos y tasas que puedan prever los Ayuntamientos. Calvet recordó que hace diez años el Estado transfirió a la Generalitat competencias sobre la gestión de los usos de los litorales pero eso no fue acompañado de dotación económica. Una vez aprobada la ley, el Gobierno tendrá dos años para redactar el plan de ordenación del litoral catalán, que definirá su estado de preservación y fijará cuántas instalaciones y de qué tipo puede acoger cada tramo de playa. Otra herramienta que creará la ley son los planes de usos del litoral y las playas, que tendrán que impulsar los ayuntamientos para ordenar las ocupaciones de instalaciones desmontables y las actividades que se pueda hacer en su costa.
El Consejo Ejecutivo volvía a aprobar, el martes, el Anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que ya se aprobó hace un año pero que entonces no se pudo tramitar en el Parlament porque acabó la legislatura. El objetivo de la normativa es proteger el litoral catalán que está sometido a «numerosas presiones».
Los objetivos concretos de la Ley son planificar racionalmente las actividades que se desarrollan en la costa para conciliar la protección del medio ambiente y del paisaje con el desarrollo económico; preservar las zonas costeras como garantía de un turismo de calidad y garantizar la utilización sostenible de los recursos naturales; prevenir y reducir los efectos del cambio climático; y garantizar la coherencia entre las iniciativas públicas y privadas que afectan a la utilización de la franja litoral.
Nuevas herramientas de ordenación y gestión del litoral
Para conseguir estos objetivos, la Ley regulará la creación de dos nuevas herramientas de ordenación y gestión de la costa. En primer lugar, el plan de ordenación del litoral catalán será el instrumento básico para la gestión integrada del ámbito terrestre y marino de la franja costera. El Gobierno tendrá un plazo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley para redactarlo.
El Plan caracterizará el litoral catalán, definiendo su estado de preservación, y fijará cuántas instalaciones y de qué tipo puede acoger cada tramo de playa. Igualmente, localizará las infraestructuras e instalaciones existentes; los principales accesos al mar y las zonas de aparcamiento, y las playas con peligro de desprendimientos.
También contendrá criterios territorializados para resolver las demandas de servicios e instalaciones en el litoral y establecerá las medidas necesarias para preservar los ecosistemas y los paisajes costeros. Finalmente, el plan incorporará las medidas de adaptación del litoral a los afectos del cambio climático y los criterios para determinar las prioridades de inversión.
La segunda herramienta de ordenación que creará la Ley serán los planes de usos del litoral y las playas, que tendrán que impulsar los ayuntamientos para ordenar las ocupaciones de instalaciones desmontables y las actividades que se puedan hacer a lo largo del año en su costa. También regularán los servicios de vigilancia y salvamento la accesibilidad y las instalaciones que tendrá cada tramo de playa.
Su vigencia será de cuatro años, incluirán la previsión de actividades e instalaciones para este plazo de tiempo. El Consejo Ejecutivo ha vuelto a aprobar este martes el Anteproyecto de ley de ordenación del litoral, que ya se aprobó hace un año pero que entonces no se pudo tramitar en el Parlament porque acabó la legislatura.
Los municipios autorizarán usos y obras sin que tengan que intervenir administraciones superiores. Se introducirá por primera vez el régimen de declaración responsable ante los ayuntamientos para obras y usos que no incrementen la superficie ocupada o la volumetría y que no comporten un cambio de uso. El resultado será la simplificación de los trámites y el acercamiento de la toma de decisiones a los ciudadanos.