Desarticulada una red que ha introducido a 730 vietnamitas para explotarlos en centros de manicura

La Policía Nacional y la Europol han detenido a 37 personas y ha desarticulado una red dedicada a introducir ciudadanos vietnamitas en España. La organización tenía su infraestructura principal en Barcelona y habría conseguido introducir a 730 ciudadanos del Vietnam, para después ser explotados en centros de manicura. El método utilizado por la organización para conseguir su objetivo era el uso fraudulento de los procedimientos de Protección Internacional y de Menores Extranjeros no Acompañados (menas), que iniciaban en lugares fronterizos aéreos como el aeropuerto de Madrid-Barajas y el Prat de Barcelona. La red tenía un claro fin lucrativo, cobraba 18.000 euros por persona y había llegado desde enero de 2018 a una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.

Las investigaciones fueron iniciadas por los agentes al principio de este año, después del aumento de solicitantes de Protección Internacional y del protocolo para menas en los aeropuertos de Madrid y Barcelona. En los dos casos, los ciudadanos vietnamitas hacían usos fraudulentos de estas figuras de protección. Después de la solicitud inicial, en ningún caso continuaban con el expediente administrativo sino que lo que buscaban era facilitar su acceso a territorio Schengen. Con esta finalidad, los inmigrantes viajaban desde su país de origen hacia diferentes países de Sudamérica, desde donde volaban de retorno para realizar un tráfico ficticio en España y, una vez en el aeropuerto, solicitaban protección internacional o alegaban ser menores no acompañados.

Esta forma de proceder por parte de la organización demuestra el profundo conocimiento de la legislación, de manera que instruían perfectamente a sus víctimas sobre todos los pasos en seguir con respecto a rutas por los países intermedios, tráfico ficticio en España y alegaciones en los trámites que realizaban. Después de obtener el acceso a territorio español, si solicitaban protección internacional, rechazaban el aprovechamiento de los recursos asistenciales, y si se iniciaba el protocolo para tipo se escapaban de los centros de menores en los cuales eran ingresados para después, en los dos casos, trasladarse en transporte público, normalmente en taxi, hasta Barcelona, donde la organización tenía su infraestructura principal.

La organización formaba grupos de seis a doce personas y cada uno contaba en cada ocasión con un líder o guía con que realizaba todo el trayecto con ellos, el cual hablaba inglés para posibilitar una mínima comunicación en los países de tráfico y aeropuertos. La policía destaca el alto grado de profesionalidad y especialización de esta organización que facilitaba a cada inmigrante un teléfono móvil del mismo color y modelo para que contactaran a su llegada con alguno de los miembros de la organización con el fin de indicarlos dónde dirigirse. Con respecto a sus pasaportes, estos eran destruidos durante el vuelo a España para que no fueran identificados plenamente y facilitar así la utilización fraudulenta de los procedimientos mencionados.

Diferentes métodos de pago: efectivo, tierras o trabajo sin remunerar

La organización cobraba a los inmigrantes 18.000 euros por persona y perseguía una finalidad eminentemente lucrativa. Poseían diferentes métodos de pago como el pago en origen en efectivo para evitar el rastreo del dinero, la generación de deudas a abonar mediante trabajo sin remunerar a Europa, o incluso la cesión de tierras y propiedades en su país de origen por los importes debidos. Desde enero de 2018 la red habría llegado a una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros.

La organización tenía una infraestructura en el Vietnam para la captación, la organización del viaje, la gestión de pagos y beneficios, pero también a diferentes países sudamericanos, para la recepción y acogimiento durante varios días con el fin de simular una estancia por turismo, y a España, lugar de recepción, explotación y derivación a diferentes provincias y hacia otros países europeos como Francia y Alemania.

El operativo policial ha sido desarrollado de manera conjunta en las cuatro demarcaciones catalanas y en varias provincias españolas como Sevilla, Granada, Murcia, Almería, Cádiz, Málaga, Madrid, Valencia, San Sebastián, León, Huelva y Córdoba. Han sido detenidas 37 personas, entre ellas los máximos responsables de la organización criminal en Europa. También se han llevado a cabo diez registros en Barcelona, así como más de 100 inspecciones en centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas en toda España. En estas entradas se han intervenido 60.000 euros en efectivo, cuatro vehículos, dispositivos de almacenamiento masivo de información y diversa documentación.

Entre los arrestados destaca la detención de un funcionario de la Oficina Única de Extranjeros de Huelva, el cual aportaba los documentos necesarios para justificar los requisitos exigidos por la legislación para la consecución fraudulenta de una autorización de residencia y trabajo por arraigo|enraizamiento social. Desde certificados de empadronamiento, con el fin de demostrar una permanencia en España de tres años, contrato de trabajo en que no existía relación laboral real e incluso la incorporación de resoluciones de concesión falsificando la firma de la subdelegada del gobierno español en Huelva, entre otras irregularidades.

Este funcionario estaba en connivencia con un empresario vietnamita, también detenido, que a su vez tenía contacto con otros empresarios y personas procedentes de Vietnam para atraer hasta la oficina donde él se encontraba a sus trabajadores en situación irregular, con el fin de obtener el permiso mencionado de forma ilegal.

Los investigadores destacan el trato humillante a las víctimas por las condiciones de su alojamiento en las viviendas de la organización. Los mantenían cerrados en pisos, a veces en 'zulos' en los cuales se accedía a través de una trampilla. También destacan las condiciones laborales sufridas, y eran trasladados diariamente desde los centros de trabajo hasta los domicilios con jornadas laborales de 12 horas y sin libertad de movimiento.