La fiscalía no ve delito en la actitud «pasiva» de dos mossos en Mont-roig durante el 1-O

La fiscalía no ve delito en la actitud de dos Mossos d'Esquadra el 1 de octubre del 2017 a quien la Guardia Civil acusaba de no colaborar para impedir la votación en un instituto de Mont-roig del Camp. Según recoge el escrito a que ha tenido acceso ACN, los mossos identificaron a los responsables de la apertura del centro y decidieron no actuar para evitar «disturbios», dado que se reunían más de 200 personas. El fiscal dice que los agentes no obstaculizaron la acción de la Guardia Civil -que se llevó las urnas-, y que cumplieron órdenes de sus superiores. La fiscalía concluye que la actitud «pasiva» de estos agentes no es suficiente para mantenerlos como investigados y no se opone a que el juzgado de Reus archive el caso.

La causa se abrió a raíz de un atestado de la Guardia Civil que denunciaba disturbios en el instituto Antoni Ballester de Mont-roig durante la jornada del referéndum. El junio pasado, sin embargo, las diligencias quedaron limitadas a investigar la actuación de dos mossos en este punto de votación por un posible delito de desobediencia.

Durante la declaración ante el juez, un agente de la Guardia Civil relató que, cuando llegaron al lugar, observaron dos agentes de los Mossos d'Esquadra «en actitud pasiva, no colaborando en la actuación de impedir la votación aunque los agentes de la Guardia Civil recibieron una fuerte resistencia de las personas reunidas». El agente detalló que se dirigió al mosso con más rango, pero que no recibió «respuesta ni colaboración», aunque finalmente pudieron entrar en el instituto y llevarse las urnas.

Por su parte, el inspector jefe del ABP de los Mossos d'Esquadra del Baix Camp-Priorat informó al juzgado que los dos agentes investigados, junto con dos agentes más, estaban asignados a aquel centro. Los agentes redactaron un atestado donde constaba que se había abierto el instituto, las personas responsables, que había unas 200 personas que se negaban a abandonar el local y que el cierre no «procedía» ante la posibilidad de disturbios.

Uno de los agentes investigados declaró el septiembre pasado que en ningún caso entorpeció la actuación de la Guardia Civil, que había leído el auto del TSJC y que «habían intentado cerrar el centro, pero que la cantidad de gente acumulada no lo permitía».

El otro agente de los mossos, encargado de coordinar el servicio con 23 puestos de control en centros de votación, justificó que no colaboró con la Guardia Civil porque «no podía hacer una intervención sin una autorización desde el CECOR -la sala de coordinación- y que la suya era una tarea de supervisión». Este policía también argumentó que no pudieron cerrar el colegio porque había unas 300 personas y afirmó que él tampoco interfirió cuando la Guardia Civil accedió.

Los agentes no son los responsables de un dispositivo «insuficiente», según el fiscal

La fiscalía concluye que los mossos no incurrieron en ninguna infracción penal «en cuánto dieron cumplimiento a las órdenes y a las instrucciones recibidas por los mandos superiores». El fiscal considera que, si bien el dispositivo «era insuficiente atendido el escaso número de agentes que se personaron en el centro -cuatro-, la inadecuación o irregularidad en la organización no es atribuible a los agentes investigados».

El ministerio público recuerda que, en este sentido, se siguen otras diligencias donde se investiga la organización del dispositivo policial, la suficiencia y la adecuación a las órdenes del TSJC. Está aquí, subraya el fiscal, «donde se ventilarán, en su caso, las responsabilidades que pudieran tener los altos mandos, sin que la responsabilidad pueda recaer en los agentes, los cuales se limitaron a actuar bajo las órdenes directas de sus superiores». Finalmente, el fiscal concluye que la actitud pasiva de los agentes investigados en el instituto, unida a las explicaciones que dieron, no son suficientes para ejercitar acciones penales.

Tres vecinos investigados por atentado y lesiones

Por otra parte, el mismo juzgado de instrucción número 1 de Reus mantiene investigados a tres vecinos de Mont-roig por atentado y lesiones a guardias civiles durante la jornada del 1-O, según han confirmado fuentes jurídicas. El 4 de febrero están citados a declarar como testigos los agentes que, supuestamente, habrían sufrido lesiones en los dedos.

Mont-roig fue uno de los municipios donde se vivió una jornada del 1-O convulsiona. Los agentes rociaron gas lacrimógeno para poder acceder al punto de votación, según denunciaron las personas que se reunían. Además, la imagen de todos los vecinos «acompañando» a la Guardia Civil hasta la salida del pueblo se hizo viral.