El Gobierno recurrirá al TC el decreto ley de las redes cerradas de energía

El Gobierno de la Generalitat anunció ayer en rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo que tiene la intención de presentar un recurso al Tribunal Constitucional por la aprobación por parte del gobierno español del decreto-ley de diciembre para impulsar las redes cerradas de distribución eléctrica en las zonas industriales. El motivo: invasión de competencias con respecto al artículo 3.3 del Real decreto ley que prevé que las redes sean autorizadas por el gobierno español y no por la Generalitat, que según la consellera de Presidència Elsa Artadi es quien tiene competencias en este asunto y se estaría vulnerando tanto el Estatuto de autonomía como la Constitución.

El primer paso, sin embargo, será solicitar al Consejo de Garantías Estatutarias un dictamen –que no es vinculante– por resolver si el Real decreto ley 20/2018 de medidas urgentes para el impulso de la competitividad económica en el sector de la industria y el comercio en España incumple la normativa autonómica. En caso de que el Gobierno siga sacando adelante la idea del recurso, en base a lo que dice el artículo 133 del Estatuto, el Real decreto continuaría su trámite, actualmente pendiente de la convalidación en el Congreso y la aprobación de un reglamento que todavía se tiene que desarrollar. Los recursos al Constitucional sólo paralizan la legislación en caso de que sean presentados por el gobierno español, no por un gobierno autonómico, por lo que la intención de la Generalitat no es la de retrasar la implementación de una larga demanda de las empresas químicas del territorio. Fuentes de la Generalitat aclaran que si bien están de acuerdo con qué se impulsen las redes cerradas en beneficio de las concentraciones industriales catalanas, sí que consideran que tienen que defender las competencias otorgadas por ley y que sólo la administración catalana es sensible a los intereses del tejido empresarial catalán.

Negociaciones

El anuncio de la presentación del recurso no exhime que en paralelo o en el marco de los trámites con el TC haya negociaciones entre las dos instituciones. De hecho, se prevé un encuentro bilateral para tratar este tema y meses de negociación hasta que llega al Constitucional. Sería un caso extremo, según apuntan las mismas fuentes, que el TC decidiera suspender la totalidad del decreto-ley y que no se corrigiera concretamente el artículo 3.3 a que se hace referencia. «Entendemos que las conversaciones se harán de buena fe», aseguran desde la Generalitat.

Las químicas piden unidad

Las empresas químicas de las comarcas tarraconenses, al aparecer este anuncio, se han limitado a pedir «unidad de acción» de las administraciones y que se implementen las redes cerradas tal como pide el sector.