El IGME niega informes y documentación sobre el proyecto Castor a la comisión de investigación del Parlamento

El Instituto Geológico y Minero (IGME) ha negado informes y documentación sobre el proyecto Castor que le había solicitado el Parlamento para la comisión de investigación abierta sobre el caso. El director del ente, Francisco González Lodeiro, ha respondido al presidente del Parlament, Roger Torrent, que no puede remitir los estudios, algunos de los cuales hecho públicos hace algunos años, porque afectarían procesos judiciales y su revelación «podría lesionar la igualdad y plenitud de la tutela judicial efectiva de las partes». Concretamente, el IGME se refiere a la querella presentada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización y X-Net en la Audiencia Nacional, ya archivada, así como el contencioso administrativo de ACS ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamando más dinero por|para el mantenimiento del Castor. En cambio, no menciona la investigación abierta por los terremotos al juzgado de Vinaròs.

En un escrito remitido el 29 de octubre de 2018, el presidente del Parlamento solicitaba al IGME que remitiera informes y documentación referida al proyecto Castor. Concretamente, pedía, entre otros, el informe los estudios redactados por el organismo a posteriori sobre el origen y las causas de la crisis sísmica que provocó la inyección de gas en el almacén de gas submarino a partir de septiembre de 2013. Entre estos, el llamado «Informe Geológico sobre la crisis sísmica relacionada cono el almacén subterráneo de gas denominado Castor, Castellón noreste de España», que fue difundido a finales de mayo de 2014.

También la documentación recibida por el IGME en la cual se refiere el anexo IV de este y que hace referencia a «Estudios Geomecánicos, datos de presionas y registro variación G-P-A». Este último aspecto resulta clave para determinar la responsabilidad de la empresa concesionaria, Escal UGS en el desencadenamiento de los seísmos. Una información que tanto el gobierno español como la misma empresa, en manos del grupo ACS Florentino Pérez, han ocultado sistemáticamente a los representantes políticos a las Corts españolas y a la ciudadanía.

Pero a pesar de tratarse, en buena medida, de información que ya había esta hecha pública a raíz de las reiteradas peticiones de grupos políticos, el organismo estatal dependiente actualmente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha denegado su envío. Se escuda en la Ley 27/2016 por la cual se regulan los derechos de acceso ala información, participación pública y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, según la cual estas solicitudes se pueden denegar «si la información solicitada puede afectar negativamente a causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial».

En concreto, la respuesta de González Lodeiro, con fecha de 17 de diciembre de 2018, cita dos procedimientos judiciales: el contencioso administrativo abierto por la constructora ACS ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid reclamando para considerar «insuficientes» los 300 millones asignados para operar y mantener las instalaciones de Castor entre julio de 2012 y noviembre de 2014, cuando|cuándo se hizo efectiva su renuncia a la concesión después de provocar más de mil terremotos en periodo de pruebas. En segundo lugar, menciona la querella presentada por la Red del Observatorio de la Deuda en la Globalización y X-Net contra los responsables de la tramitación del proyecto en la Audiencia Nacional, que fue archivada en septiembre del año pasado.

Sin referencia del juzgado de Vinaròs

En cambio, el responsable del ente pasa por alta el principal proceso judicial abierto contra los responsables del Castor: el abierto por el juzgado número 4 de Vinaròs, a instancias de Fiscalia, por supuestos delito ambiental y prevaricación ambiental en el cual, aparte de los principales directivos de la empresa exconcesionario, figuran responsables y funcionarios del antiguo Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, el Ministerio de Industria y también, curiosamente, tres del mismo IGME, entre los cuales, el funcionario que firmó el informe técnico que avaló la concesión del proyecto y que había sido investigado para autorizar el recrecimiento de la balsa de Aznalcóllar, Jesús Gómez de la Heras. En el caso del estudio geomecánico y sobre los datos de presión, asegura, se trata de información «ajena» al ente. «Por eso, no corresponde a este organismo facilitarlo al no ser la entidad a quien ha elaborado la citada información».

Los informes encargados por el gobierno español después de la crisis sísmica en el IGME y en el Instituto Geográfico Nacional (IGN) no sólo corroboraron la relación causal de las operaciones en el almacén con los terremotos; también sugerían falta de previsión y mala praxis, haciendo caso omiso de las buenas prácticas de la industria, en la ejecución de una actuación que acabó afectando fallas activas. El documento apuntaba que Escal UGS operó sin contar con unos márgenes de seguridad suficientes con respecto a la presión y que el ritmo de las inyecciones superó de largo el límite establecido por las buenas prácticas de la industria a la hora de evitar problemas.

Los diputados republicanos del Parlament de Catalunya, Lluis Salvadó e Irene Fornós, integrantes de la comisión de investigación del Castor, y que han hecho pública la negativa del IGME, han denunciado la «falta de transparencia y colaboración con la Comisión de Investigación mostrada por organismos públicos» como en este caso no queriendo facilitar sus propios estudios en el Parlament. «El gobierno español además de encarar el desmantelamiento de las instalaciones tiene que asumir las responsabilidades de este escándalo, y desgraciadamente en este ámbito su actitud sigue siendo la misma que la del PP», han asegurado.