Unas quejas por olores de granjas de cerdos llegará «pronto» a los juzgados

En el año 2001 el Ayuntamiento de Vilanova d'Escornalbou optó por desarrollar el plan urbanístico y permitir la construcción de viviendas en una zona próxima a unas granjas de cerdos. Según Carles Prats, vecino, al comprar los solares les prometieron que la problemática de los olores se resolvería pronto. Desde hace dos años, sin embargo, visto que esta promesa no se ha cumplido, algunos vecinos han intensificado las protestas, hasta el punto que tienen intención de llevar el Ayuntamiento a los juzgados para no garantizar la inviolabilidad del domicilio. Aunque todavía tienen que terminar algunos trámites, Prats apunta que la idea es ir por la vía del contencioso administrativo «y, si hace falta, la vía penal» ya que consideran que el consistorio «está incumpliendo sus funciones».

Por su parte, el Ayuntamiento desmiente que hubiera ninguna promesa de cerrar las granjas. Su alcalde, Sergi Ciurana, apunta que cuando se desarrolló la zona él no era al cargo, sino que era Francesc Dalmau, ya traspasado, y que si hubiera sido así habría un certificado. «Hoy día se piden certificados por cualquier cosa, cuando vas al Ayuntamiento», afirma. Aun así recuerda que ahora hace seis años firmaron un convenio con una de las dos granjas todavía existentes en el pueblo para que finalizara su actividad en un plazo de doce años, es decir, ya ha pasado la mitad del tiempo. La otra granja es previsto que deje de trabajar de aquí a tres por jubilación. Según Ciurana, este ha pasado a ser un «problema personal» de este vecino con el Ayuntamiento.

«El resto de vecinos aceptan que vivir en la montaña es así, no son hipócritas», dice. En este sentido, apunta que desde el gobierno local «no puedo hacer más de lo que puedo hacer» y anima a presentar «de una vez» la denuncia a fin de que, si el juez dictamina a favor de los vecinos, el Ayuntamiento pueda actuar. «Todo el mundo tiene derechos, los tienen los vecinos y les tienen las empresas», asegura Ciurana.

«No podemos abrir las ventanas»

Carles Prats asegura, sin embargo, que el Ayuntamiento está incumpliendo la normativa urbanística y que, a causa de eso, hay alrededor de cien personas afectadas por estas pestes. «Nos han engañado a mucha gente», dice, y añade que el año pasado contrataron a un perito para elaborar un informe que formará parte de la denuncia. «No podemos abrir las ventanas y ventilar la casa», detalla Prats, que destaca que se emiten gases irritantes y que en caso de gripe porcina los vecinos no tendrían posibilitado de confinamiento.